La página web se llama ‘El Valle lo reconstruimos juntos’. Es un portal en el que se encuentra el diagnóstico de lo que sucedió en el departamento tras el terremoto del 10 de agosto, los daños registrados y los avances del proceso de reconstrucción.
La entidad responsable de actualizarlo es Corpovalle. Su director, Adrián Zamora, fue designado por la gobernadora Dilian Francisca Toro como gerente de la reconstrucción regional.
Esa claridad en la información sobre lo que sucedió en el Valle del Cauca y el plan para levantarlo contrasta con lo que ocurre en Cali. En la ciudad todavía no existe una gerencia encargada de coordinar la reconstrucción. Los datos, al igual que los voceros del proceso, están dispersos: a veces responde el Secretario de Gestión del Riesgo; otras, la Secretaria de Vivienda y, en últimas, el alcalde Alejandro Eder.
La percepción ciudadana es que la reconstrucción del departamento y la de Cali avanzan a velocidades distintas. Mientras en el primero ya comienzan a entregarse viviendas recuperadas, como ocurrió esta semana en Roldanillo, en la capital del Valle todavía se está en buena medida en la etapa de evaluación técnica. El asunto, incluso, fue debatido en el Concejo de Cali.
Así va el Valle
Las oficinas de Corpovalle están ubicadas en el piso 23 del edificio de Corficolombiana, en el centro de Cali. Al momento del temblor del 10 de agosto, pocos estaban a semejante altura. A lo sumo, un par de funcionarios que, desde los ventanales desde donde se aprecia toda la ciudad, vieron aterrados cómo el polvo empezaba a cubrir el cielo y los edificios colapsaban.
La puerta para ingresar o salir de la entidad funciona con un sistema de control: depende de que un tercero oprima un botón. Casi 90 días después del sismo, esos mecanismos todavía causan temor entre algunos caleños; por lo menos entre los reporteros.
En su oficina, con varias pantallas abiertas, el gerente Adrián Zamora repasa lo que ocurrió ese 10 de agosto en el Valle del Cauca: cerca de 106.000 hogares afectados —sin contar Cali—, donde vivían alrededor de 217.000 personas.
— Hay un tema importante que explicar: no todo el departamento sufrió el daño de la misma forma. La agenda pública ha estado muy concentrada en Cali y Buenaventura, pero hay una gran parte del departamento, menos visible, donde ocurrió un daño muy grande: el norte del Valle —dice.
Enseguida, en su ordenador, abre un mapa titulado con una palabra poco usada: ‘Criticidad’.
— En El Cairo, por ejemplo, la proporción del daño es más alta que en Cali e incluso Buenaventura. Este indicador nos permitió saber a dónde mandar las ayudas primero. Con este criterio técnico atendimos inicialmente a municipios como Ulloa, Alcalá, El Águila y El Cairo, y no a Palmira, Ginebra, Guacarí, Tuluá o Buga, que en el mapa aparecen en verde porque el nivel de daño fue mucho menor. En el corto plazo, los días después del terremoto, priorizamos los municipios según su nivel de afectación —explica.
En el mediano plazo, un par de meses después del sismo, el criterio para priorizar las ayudas cambió. Zamora abre otro mapa, esta vez con los municipios críticos pintados de un morado intenso. El mapa corresponde a la categoría del municipio, que puede ser de uno a seis. Esa clasificación determina qué capacidad tiene cada población para responder ante una tragedia como el terremoto.
En el norte del Valle ocurrió el peor escenario: los daños más graves se registraron justo en municipios con menos recursos y que dependen, en buena medida, del impuesto predial. ¿Qué va a pasar con ellos si las casas que pagaban ese impuesto se cayeron? Es el caso de El Cairo.
— Este mapa es crítico para saber dónde hay que concentrar los esfuerzos, no solo para construir viviendas e infraestructura, sino también para definir qué otras estrategias se desarrollan. Por ejemplo, líneas de crédito especiales para municipios sin capacidad fiscal —comenta Zamora.
El departamento, sin embargo, tiene otro problema: no cuenta todavía con los recursos suficientes para atender a todas las víctimas del sismo. Solo en Buenaventura, por citar un caso, 67.000 personas necesitan ayuda, distribuidas en 31.000 hogares. Y los recursos disponibles hasta ahora alcanzan para 900 mejoramientos de vivienda y 143 casas nuevas. ¿Cómo se elige a quienes recibirán inicialmente esas intervenciones?
Zamora abre esta vez un cuadro de Excel titulado ‘Indicador de Selección’. Es una base de datos que cruza distintas fuentes: el Registro Único de Damnificados del terremoto, el Sisbén y el Registro Único de Víctimas. Los hogares que aparecen en varios de esos registros tienen prioridad para recibir las ayudas. Zamora selecciona un caso con el mouse.
— Aparece la señora Polanía. Hace parte del grupo Sisbén A, es decir, es pobre extrema. Es jefa cabeza de familia, tiene 90 años, es mujer, su estado de vivienda es no habitable y es víctima del conflicto armado. Además, tiene una persona con discapacidad a su cargo. Entonces es alguien que de verdad necesita ayuda. Por eso su índice de priorización es del 100 %. Con ellos empezamos primero. Este es un indicador que me permite decidir objetivamente a quién le asigno la intervención y me protege de discusiones políticas que siempre ocurren: que priorizaron a no sé quién por ser amigo del Alcalde o de la Gobernadora: No, todo se hace con un criterio técnico.
La Gobernación del Valle cuenta, por ahora, con $ 830.000 millones para reconstruir el departamento. Los recursos provienen de la reorientación de rentas —es decir, obras que se dejaron de hacer para atender la emergencia—, créditos, recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y donaciones. La meta es llegar al billón de pesos.
Sin embargo, esa suma tampoco alcanzaría para cubrir todas las necesidades de la reconstrucción. Además, no todo el dinero gestionado está todavía disponible en caja.
— Para educación, se estima destinar $ 175.000 millones y recuperar 52 sedes educativas donde estudian 19.000 estudiantes. En vivienda, la meta es hacer 32.000 mejoramientos y construir alrededor de 5000 casas nuevas, para beneficiar a 125.000 personas. Pero como no toda la plata está ya en la cuenta, arrancamos inicialmente con 9000 mejoramientos, 2.100 casas nuevas y 14 instituciones educativas. Ese es el avance a hoy, finales de octubre —dice Zamora.
Las cifras muestran la dimensión del reto. Aun con los recursos que se han gestionado, la atención tendrá que avanzar por etapas y priorizar a las familias con mayores condiciones de vulnerabilidad. En municipios pequeños, además, la reconstrucción no solo implica recuperar las viviendas: también supone ayudar a las administraciones locales a recuperar su capacidad para responder a las necesidades de sus habitantes. Y restaurar el tejido social.
¿Y Cali?
Esta semana, el Concejo de Cali citó a la Alcaldía a un debate en el que pidió “mayor celeridad” para solucionar las necesidades de vivienda de las familias afectadas por el sismo.
En el hemiciclo estuvo María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda, quien presentó un informe sobre los avances. Según explicó, se habían registrado más de 14.000 hogares afectados y realizado cerca de 6000 visitas técnicas a edificaciones para determinar su nivel de afectación.
Entre los concejales, sin embargo, persistía la misma sensación que expresan los ciudadanos: la Alcaldía no ha avanzado con suficiente rapidez en la entrega de soluciones concretas para quienes perdieron sus casas o todavía no pueden regresar a ellas.
Uno de los datos que más llamó la atención en el debate fue la ejecución presupuestal de esa secretaría. Con corte al 30 de septiembre, se encontraba en solo el 16,95 %. María del Mar Mozo explicó que parte de la baja ejecución obedece “a los trámites que implican la compra de predios y la estructuración de proyectos”.
La funcionaria se comprometió a entregar información más detallada sobre los proyectos, sus montos y cronogramas.
Responde Eder
Al cierre de esta edición, el alcalde Eder respondió por escrito un cuestionario enviado por El País, con un balance actualizado de la atención tras el sismo.
Según el Mandatario, en estos casi tres meses “se han entregado más de 20.000 auxilios económicos, utilizados en su mayoría por los damnificados como apoyo para el pago de arrendamientos”.
También aseguró que la Alcaldía ha realizado 8163 visitas de evaluación a edificaciones; 1920 inmuebles tienen clasificación de uso inseguro, 3166 presentan restricciones de uso y 703 requieren “estudios técnicos detalhados”.
El alcalde indicó, además, que en total hay 82 edificaciones autorizadas para demolición y 16 ya fueron demolidas. También aseguró que el Distrito está haciendo gestiones para financiar las demoliciones que en teoría deberían pagar los propietarios de las edificaciones “y evitar que la falta de recursos prolongue situaciones de riesgo”.
Cuando los dueños no tienen capacidad económica para financiarlo, explicó, “se deben revisar alternativas dentro de las posibilidades legales y presupuestales”.
En cuanto a soluciones habitacionales, Eder aseguró que la Alcaldía dispuso 200 bonos de $50 millones para la compra de vivienda, mientras que el Gobierno Nacional aporta 155 subsidios adicionales. A esto se suman 100 mejoramientos de vivienda y 16 casas gestionadas con el sector privado para familias que perdieron sus hogares y tuvieron afectaciones de salud por el terremoto; los rescatados de los escombros.
El Alcalde reconoció que entiende la frustración de quienes todavía no pueden regresar a sus viviendas, pero sostuvo que no es posible “prometer soluciones inmediatas cuando cada edificación requiere una evaluación distinta”.
Uno de los cuestionamientos planteados en la ciudad es la ausencia de una instancia que coordine integralmente la reconstrucción de Cali, como ocurre en el Departamento con Corpovalle; una gerencia.
Frente a ello, Eder respondió que él mismo lidera el proceso y que la reconstrucción de Cali está distribuida entre varias dependencias: Gestión del Riesgo se encarga de las evaluaciones y estabilización de las edificaciones, mientras la Secretaría de Vivienda trabaja las soluciones habitacionales.
- Existe una mesa permanente con Fasecolda para agilizar la atención de los damnificados y la Alcaldía ofrece acompañamiento jurídico a los administradores de propiedades horizontales para facilitar las reclamaciones ante las aseguradoras y los procesos de reparación o reconstrucción – escribió el Mandatario caleño.
En cuanto a la información pública de lo que pasó en Cali tras el terremoto, Eder explicó que se cuenta con la plataforma ‘Transparencia en la Emergencia’, en la que se pueden consultar datos sobre donaciones, ayudas entregadas, familias beneficiadas, afectaciones en viviendas e infraestructura y contratación.
- La Alcaldía continuará incorporando información más específica sobre la reconstrucción a medida que se consoliden los estudios técnicos.
Para conocer otra mirada de los avances del proceso de reconstrucción de Cali, El País también consultó a Camacol. Alexandra Cañas, su gerente, explicó que, tres meses después del sismo, la ciudad ha avanzado en la evaluación técnica de las edificaciones afectadas, pero todavía enfrenta un desafío enorme, el más importante: pasar del diagnóstico a la recuperación concreta de los inmuebles y la reconstrucción de los que sufrieron daños estructurales severos o colapsaron.
— En Cali se requiere consolidar en una sola plataforma todas las bases de datos de hogares afectados, de hogares asegurados o sin seguro, la información técnica sobre el estado de las edificaciones, las intervenciones requeridas y las que se vayan realizando. También debe contener un seguimiento detallado de los avances de cada caso. La Gobernación del Valle cuenta actualmente con un sistema de información consolidado que puede servir como referente para Cali —dice.
Según los cálculos de Camacol, la recuperación de las edificaciones afectadas en la ciudad podría tomar entre dos y cuatro años, dependiendo del nivel de daño.
— Las reparaciones menores podrían completarse en algunos meses, mientras que el reforzamiento estructural, la rehabilitación integral o la reconstrucción de edificaciones de mayor complejidad podrían extenderse hasta 2029.