Un amplio despliegue de las autoridades locales se registró en el sector de Navarro para dar cumplimiento a una orden judicial que exige la restitución de una servidumbre de energía. La diligencia judicial se enfoca en la zona conocida como Brisas de las Torres, donde cientos de personas levantaron construcciones informales en condiciones de alto peligro.
La intervención del predio es ejecutada por efectivos de la Policía Nacional en compañía de diversas dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali y garantes de derechos humanos. En el terreno se identificaron aproximadamente 390 techos asentados sobre terrenos de propiedad privada que presentan un riesgo inminente para la vida de sus ocupantes.
El motivo principal de la evacuación radica en que el terreno es atravesado por redes primarias de transmisión eléctrica administradas por las empresas ISA Intercolombia y Celsia. Esta infraestructura representa un peligro permanente de emergencias por electrocución o incendios de gran magnitud entre los habitantes de las viviendas.
Frente al procedimiento, la funcionaria Ana María Sanclemente, asesora de despacho de la Alcaldía, explicó que la diligencia atiende a una orden de la corregidora de la zona cuyo expediente inició en 2021. La representante enfatizó que la administración distrital no puede omitir la sentencia judicial y debe velar por la integridad territorial y humana.
Para garantizar la protección integral durante el operativo, las secretarías de Salud, Bienestar Social y Participación Ciudadana instalaron puntos de atención en el lugar. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realiza el seguimiento preventivo a niños, mujeres gestantes y adultos mayores que requieran acompañamiento médico o psicosocial.
La actuación institucional se ciñe a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU-016 de 2021, norma que exige el estricto respeto al debido proceso y los derechos fundamentales. Organismos de control como la Personería Distrital y la Defensoría del Pueblo custodian el desarrollo pacifico de la jornada en el territorio.
Desde el año 2024 las autoridades han adelantado mesas de trabajo para socializar las alternativas institucionales con las familias impactadas. Como solución temporal, el Distrito dispuso de subsidios de arrendamiento para aquellos hogares caracterizados que cumplan con los requisitos legales exigidos.
Hasta la fecha, un número cercano a 100 familias ya formalizó su postulación para acceder a estos auxilios financieros temporales. En el sector se estableció un Puesto de Mando Unificado para monitorear de forma continua el desalojo y evitar situaciones que vulneren el orden público local.