Los casi 2,4 millones de caleños hoy están siendo vigilados por tan solo 590 cámaras de seguridad. Y aunque la ciudad cuenta en total con 1.859 cámaras del sistema de videovigilancia, solo el 30 % están funcionando, es decir que 1.269 cámaras están por fuera de servicio.

Y esto se debe a que “en el primer semestre no fue una prioridad hacerles mantenimiento a pesar de que existía en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Justicia”, señaló la concejal Diana Rojas.

De acuerdo a la información de la cartera de Seguridad proporcionada en un derecho de petición que presentó la cabildante, hasta septiembre de este año, 859 cámaras estaban en correcto funcionamiento y 964 presentaban algunas novedades como: obstrucción en la visibilidad por un árbol, daño del acrílico, entre otros -286 cámaras-; y 687 presentaban problemas eléctricos, es decir, estaban dañadas.

“Problemas que deberían ser resueltos por las cuadrillas de mantenimiento, las cuales al momento de respuesta del derecho de petición eran inexistentes porque no se había hecho el contrato de mantenimiento”, anotó Rojas.

No obstante, el panorama al mes de noviembre había empeorado, de septiembre a noviembre, en la ciudad ya habían dejado de operar 1.269 cámaras, es decir que “alrededor del 70 % del sistema está sin funcionar. Esto quiere decir que en dos meses, 591 cámaras de seguridad dejaron de funcionar”.

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Lo que concejal Rojas considera “muy grave porque esta administración recibió de la administración pasada el 90 % de las cámaras funcionando y hoy por el contrario solamente tiene el 30 % de las cámaras en función”, reiteró.

Y agregó: “Más preocupante aún, resultó que de $5.400 millones que se tenían destinados para el mantenimiento de las cámaras, no se haya ejecutado un solo peso a noviembre. Desde 2019 no se hace un solo contrato de mantenimiento para el sistema”, aseguró Rojas.

Para la concejal esto tiene un alto impacto, “no solo a sentirnos más inseguros en la calle, sino que el que comete crimen sabe que las cámaras no están funcionando, o cuáles poquitas sí. Creo que como ciudad no les podemos abrir las puertas para que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, mientras seguimos guardando la plata y no la ejecutamos a tiempo”.

Entretanto, el cabildante Fernando Tamayo, comentó, “Cali es la ciudad que pese al tamaño y el nivel de inseguridad, tiene menos policía por ciudadano y la forma de compensar esa falta de pie de fuerza es con el uso de tecnología, pero ni eso tenemos. La excusa no es que no había plata porque el dinero estaba”, manifestó.

Asimismo, añadió: “se está haciendo un convenio con la Imprenta Departamental por $4.000 millones o $6.000 millones, la imprenta tiene dentro de su objeto social el tema de cámaras, entonces sería una manera de agilizar, de poder utilizar la plata y que no se no pierda, y tratar de arreglar la mayor cantidad de cámaras, pero aún ni siquiera ese convenio se ha firmado”, acotó Tamayo.

Por lo que cree que “este año lo podemos terminar sin el contrato y a mediados del próximo vamos a tener una ciudad funcionando apenas con el 40 % de las cámaras por falta de operatividad en la utilización de los recursos que para tal fin han sido destinados”.

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Aunque El País intentó comunicarse con el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, no fue posible. Sin embargo, el funcionario semanas atrás había manifestado: “Lo que tenemos previsto para la vigencia fiscal actual que no ha terminado es hacer la contratación respectiva que ya estamos en fase final, y al 31 de diciembre creo que vamos a tener un 100 % de ejecución en el componente del mantenimiento de cámaras”.

Además, el funcionario, aclaró en ese momento: “En el primer semestre de este año tuvimos una caída casi del 30 % de recursos en el recaudo que se hace para poder financiar los proyectos de la Alcaldía, si bien es cierto el tema de mantenimiento de cámaras estaba programado y presupuestado, hasta el segundo semestre no se tuvo los recursos para poder adelantar lo que se financia con cámaras, mantenimiento y reparación de las mismas”.

Por otra parte, David Agudelo, gerente operativo de Self Security y especialista en seguridad electrónica, aseveró que “se requiere de una entidad que se encargue de velar por el funcionamiento de estos equipos; se requiere de factor humano porque se puede necesitar cambiar una fuente de voltaje, codificar la dirección IP que tiene la cámara porque muchas de ellas pueden estar funcionando, pero lo que no están haciendo es transmitir la información a la IP a la oficina de telemática de la Policía, incluyen muchos factores”, dijo.

El llamado que hacen los concejales a la Administración “es que sepa priorizar, no puede ser posible que no nos importe hacer mantenimiento a las cámaras de seguridad”.

Centro de control

El reto de la Administración, afirma la concejal Diana Rojas, no solo es que estén funcionando las cámaras de seguridad, sino que “estén articuladas a un centro de control, donde se pueda hacer una revisión constante de lo que está pasando en esos puntos y eso tiene que estar coordinado con la policía, con un centro de comando integral”.

También, es analizar “cómo como ciudad podemos avanzar en la articulación con cámaras privadas, con los problemas e índices de inseguridad que tenemos sí deberíamos avanzar en tener una red que esté operando en cámaras privadas como pública, es la única forma que podamos hacer un espacio común contra la delincuencia”.