A $1,3 billones ascienden las pretensiones de los ciudadanos que, por diversas razones, hoy tienen demandado al Municipio. Se trata en total de 3900 procesos judiciales que actualmente están en curso y que juntos suman casi la mitad del presupuesto de la ciudad para este año, que fue tasado en $3,3 billones.
Este año, entre el 1 de enero y el 31 de julio, se notificaron 425 demandas contra el Municipio por $65.878 millones. Esta cantidad significa una reducción en el número de procesos judiciales, si se compara con los tramitados el año pasado, pues para la misma época se habían reportado 522 acciones que tenían pretensiones del orden de $133.004 millones; mientras que hace dos años se advirtieron 633 demandas por $233.283 millones.
Si bien hay una buena parte de estos procesos judiciales que son justificables en los estrados judiciales por fallas que se presentan en los servicios del Estado, según explicó el director jurídico Municipal, Nayib Yaber Enciso, hay una cantidad considerable que carece de sustento o validez.
“Cualquier persona que crea tener un derecho contra el Municipio estima unas pretensiones muy elevadas, como $1000 millones. La mayoría de las veces los jueces, si es que les conceden el derecho, condenan por $1 o $5 millones. La realidad dista mucho de los intereses que presentan las personas en las demandas”, aseguró el funcionario.
Actualmente hay en curso 151 procesos de mayor impacto económico -que tienen pretensiones mayores o iguales a $1000 millones-, que cuantifican $997.154 millones; mientras que 3275 demandas buscan hacerse con $301.800 millones; y otras 474 no tienen cuantía alguna.
Entre el total de las 3900 demandas que hay activas se cuentan 1614 procesos por nulidad y restablecimiento del derecho y que tienen como parte accionada a la Secretaría de Educación, 950 reparaciones directas, 618 actos de nulidad y restablecimiento del derecho, 226 acciones populares, 147 procesos ordinarios laborales, entre otros.
En ese sentido, la entidad que tiene más demandas en su contra es la Secretaría de Educación, que tiene 1731 procesos con pretensiones por $77.419 millones; seguida de la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con 553 acciones que suman reclamaciones por $172.481 millones; en tercer lugar se ubica la Secretaría de Movilidad, que tiene 425 demandas en curso por $161.473 millones; a renglón seguido está el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, que tiene en contra 328 demandas con pretensiones de $167.142 millones; y también el Departamento de Hacienda Municipal reporta 313 procesos en contra, los cuales suman $214.416 millones.
Precisamente, los principales motivos por los que los ciudadanos están presentando requerimientos jurídicos ante el Municipio comprenden desde el reconocimiento de derechos de maestros, como retroactividad de cesantías, nivelaciones salariales o categorización; pero también se registra una buena cantidad de procesos jurídicos por presuntas fallas en la infraestructura, es decir accidentes provocados por la presencia de huecos en la vía, daños generados por una inundación o hasta la caída de un árbol sobre un bien.
“Las demandas muchas veces no se presentan por fallas en el servicio, porque en el 80 % o 90 % de los procesos que nos impetran por accidentes supuestamente relacionados con huecos resultamos absueltos porque demostramos que la persona no respetó las normas, iba con exceso de velocidad, no tenía la idoneidad para manejar; muchas veces se trasladan responsabilidades por huecos que nunca existieron. También se dan demandas por tropezones por ramas caídas de árboles, muchas son cuantiosas y regularmente resultamos absueltos; muchas de esas afectaciones son generadas por empresas privadas o ciudadanos del común”, acotó el Director Jurídico de la Alcaldía.
Yaber añadió que “muchas personas ven en un accidente de tránsito una oportunidad para solucionar problemas económicos y ahí es donde se presenta un ejercicio errado de la profesión del derecho, porque hay quienes se prestan para satisfacer esas expectativas que no tienen ningún asidero o fundamento jurídico o probatorio”.
En total, durante los primeros siete meses del presente año se terminaron 191 procesos jurídicos que estaban en curso en los estrados judiciales contra el Municipio y sumaban pretensiones por $14.899 millones. A favor del Municipio fueron falladas 162 demandas con las que personas buscaban obtener $8940 millones; hubo otros 29 procesos que resultaron desfavorables y con los que los demandantes obtuvieron 5958 millones.
De acuerdo con Yaber, la defensa frente a estos procesos “ha tenido resultados palpables, pues le hemos ahorrado al Municipio casi el doble del presupuesto que se asigna para la defensa; hemos tenido éxitos grandiosos, como el de hace un par de semanas en el que el Consejo de Estado falló un proceso relacionado con un tributo que tenía pretensiones por $680.000 millones y que, gracias a la defensa, la condena fue solo por $23 millones”.
Al respecto, el abogado especialista en Gobierno Municipal, Héctor Campuzano, afirmó que “hay abogados que han estado en la Administración Pública y conocen de cerca las debilidades que hay en el Estado. Ellos buscan la gente, pactan honorarios del 40 % o 50 % sobre las pretensiones de un proceso y, conociendo las falencias al interior de la Administración, es que el Municipio termina perdiendo muchos de los casos”.
Campuzano insistió en que si bien hay una gran cantidad de abogados que se especializan en demandar al Estado, “hay funcionarios dentro de la Alcaldía que sirven de informantes y saben cuáles actos administrativos son débiles, tienen acceso a esa información y lo que hacen es pasar datos para que las demandas prosperen. Es una especie de carrusel, porque hay quién lleva al cliente y quién provee la información”.
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¿Cuánto se ha pagado en demandas?
Según la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Cali, entre el 2016 y lo que va del 2018, el Municipio ha tenido que cancelar a quienes han interpuesto demandas en su contra un total de $50.244 millones.
En el 2016, por ejemplo, los fallos desfavorables al Municipio le costaron $6948 millones, mientras que el año pasado se tuvieron que pagar $37.338 millones y en lo que va de este año se suman $5958 millones.