La corrupción y el poder

Argentina vuelve a conmoverse luego de que un juez dictara el procesamiento con prisión preventiva, pedido de desafuero y un embargo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por presunta traición a la patria y encubrimiento.

La investigación trata de establecer si la exmandataria coordinó un plan para dar impunidad a los sospechosos del atentado contra la mutual judía Amia, que causó la muerte de 85 personas en 1994. Por esa razón, otros miembros del entorno kirchnerista como el ex canciller Héctor Timerman fueron involucrados en la causa que investiga el juez Bonadío.

La pesquisa fue abierta por el fiscal Alberto Nisman, quien luego apareció muerto en su apartamento. Nisman había acusado a la entonces presidenta, al canciller y a otros funcionarios de haber orquestado un plan criminal para “dotar de impunidad” a cinco iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales del atentado a la Amia, a cambio de beneficios económicos.

Como era previsible, la actual senadora rechazó la decisión del magistrado y acusó al presidente Mauricio Macri de ser el máximo y verdadero responsable de perseguir a la oposición. “Me quieren callada, pero no me voy a asustar”, advirtió, tras enfatizar que la acusación “es una causa inventada sobre hechos que no existieron”.

A pesar de las acostumbradas bravuconadas de la expresidenta, lo que resulta evidente es que la recalcitrante socia del chavismo tiene muchas investigaciones pendientes, varias por corrupción que solo fue posible abrir una vez salió de la Casa Rosada. Una de las causas que la tiene contra las cuerdas es por el presunto lavado de dinero de empresarios afines a su gobierno.

Por eso, la decisión judicial de la semana pasada debilita aún más su posición y la pone en una situación comprometedora en su propósito de bloquear en el Congreso los proyectos de la administración Macri.

Una vez más se demuestra que la corrupción no es de izquierda ni de derecha. Es el ansia de riqueza que se viste de distintos discursos y colores para el mismo fin: apoderarse del Estado para quedarse con los recursos públicos o favorecer a algunos. Una situación que ya se ha visto en Brasil, donde el expresidente Lula es procesado por ello.

Y el peor ejemplo es Venezuela con el chavismo, donde una camarilla respaldada por los militares se ha dedicado a saquear las mayores riquezas petroleras del planeta. El resultado es el deterioro de la calidad de vida, la quiebra, el hambre, la miseria, la hiperinflación y un pueblo que debe emigrar porque le acabaron su país y lo convirtieron en la cumbre de la corruptela.

Es el momento para que la senadora Cristina Fernández y su entorno más cercano respondan por las graves acusaciones que tienen en su contra y expliquen la manera como aumentaron sus capitales de una manera asombrosa e injustificada.

Así como la corrupción no tiene color político, la persecución a los corruptos y a los corruptores tampoco debe tenerlo. Lo contrario sería aceptar el derrumbe de la democracia como sistema de gobierno y la ley como instrumento de paz y de igualdad.