El silencio roto

En un momento en que la revista Time elige como personaje del año al movimiento de mujeres que “rompieron el silencio” frente a los abusos sexuales, a las Farc les revienta un problema de proporciones. Luego de que el Congreso decidiera que los delitos sexuales contra menores quedaban por fuera de los beneficios de la Justicia Especial de Paz (JEP), se han comenzado a conocer testimonios, denunciando la violencia sexual contra menores en esa organización guerrillera.

Uno de esos testimonios es el de Sara Morales, ex guerrillera reclutada a la fuerza por las Farc a los 11 años, denuncia que “no era de todos los días, pero cada vez que nos movían de una comisión, uno era la carne para los comandantes. Muchas veces llegaban a los campamentos y decían: hay tres o cuatro guerrilleras nuevas. Ve y las miras. Uno estaba durmiendo cuando sentía que lo alumbraban con las linternas y empezaban a pelearse y a escoger a la que les gustaba”.
Denuncias, similares a la de Sara, están debidamente documentadas por la Fiscalía y el Centro de Memoria Histórica, especialmente en un informe titulado ‘La guerra inscrita en el cuerpo’, así como por algunos centros de investigación de las universidades y organizaciones no gubernamentales.

El problema para las Farc, es que las evidencias de la violencia sexual aparecen en un momento en el que el Congreso y la Corte Constitucional aceptan que las condenas que imponga la JEP a los ex guerrilleros, no van a suspender el ejercicio de sus derechos políticos. Pero como en los casos de violencia sexual contra menores, la competencia volvió a la justicia ordinaria, allí los derechos políticos sí se pierden. Y allí pueden quedar comprometidos varios aspirantes a curules en Senado y Cámara.

Quizá por esa razón, las ex guerrilleras –ahora militantes del Partido Farc-, han salido a reconocer, en un comunicado titulado “No jueguen con el honor de las farianas”, que no se consideran víctimas de violencia sexual. En rechazo a lo que califican una “campaña mediática que vienen desarrollando algunos medios de comunicación y que usa el tema de la violencia sexual como un arma contra nuestros compañeros”, afirman entre otras cosas que “Los rigores de la guerra nos obligaron a renunciar a la maternidad, no podríamos ser tan irresponsable de tener hijos en medio de la batalla diaria. Las mujeres que asumíamos militancia lo sabíamos, pero siempre tuvimos opciones. Nosotras militamos por más de 20 años en la organización y podemos atestiguar que nunca vimos un aborto forzado o un acto indebido que no fuera rigurosamente castigado”.

Es evidente que las farianas restringen el problema con respecto a la libertad de elección que tenían cuando quedaban embarazadas. Pero nunca se refieren a los “actos indebidos” contra menores de edad, ni tampoco a los otros vejámenes que tipifica la jurisprudencia sobre violencia sexual.

En todos los casos, la dureza de los testimonios muestra hasta donde pudo llegar la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado. Solo que ahora, por la decisión del Congreso, toca a las puertas de las Farc. Y lo grave es que, testimonios como los de Sara Morales, involucran directamente a la cúpula de esa organización. En su denuncia es clara sobre la responsabilidad de los altos mandos: “No se movía nada de las Farc, sin que el Secretariado diera la orden”.

Quizá las farianas, tengan razón al decir que “Nuestra organización contaba con las normas y elementos para protegernos a todas y todos de la violencia machista, fuimos educados y formados para luchar contra el patriarcado” (!!!). Solo que debían aclarar, que “el único trato igualitario que recibían los combatientes de las Farc era cuando se presentaban casos de indisciplina o intento de fuga, si eran encontrados culpables independiente que fuera hombre o mujer, morían a balazos”. En lo demás no.