Senador advierte grave deterioro del orden público en Jamundí y pide acciones urgentes: “Los jamundeños viven en un régimen del terror”

El municipio de Jamundí constantemente afronta problemas de orden público derivados de la presencia de grupos armados ilegales, los cuales se disputan el territorio por su posición estratégica en el desarrollo de las economías ilegales.

Frente a este panorama, el senador Carlos Fernando Motoa señaló que esta región presenta un deterioro progresivo de la seguridad, por lo que hizo un enérgico llamado de atención al Gobierno departamental del Valle del Cauca y al Gobierno Nacional.

“El Gobierno departamental y el Gobierno nacional han sido incapaces de frenar lo que ocurre en Jamundí. Pese a las advertencias, las mociones de censura y los debates de control político, han demostrado una preocupante indiferencia frente a las necesidades de seguridad de sus habitantes”, señaló Motoa.

El funcionario instó a las autoridades a asumir su responsabilidad por la problemática de esta zona y advirtió que la situación podría agravarse en los próximos meses si no se adoptan medidas inmediatas.

“Los hago directamente responsables de lo que pueda suceder. El desinterés de la Nación, sumado a la insistencia en la política de ‘Paz Total’, está impidiendo que las Fuerzas Militares y de Policía restablezcan el orden”, declaró.

En sus declaraciones, el senador vinculó el deterioro del orden público con la política de Paz Total, asegurando que esta ha limitado la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública para recuperar el control territorial.

“Los jamundeños viven en un régimen del terror; se volvieron paisaje los atentados terroristas, la ocupación ilegal y el despojo de tierras. Todo generado por los beneficiarios de la paz total”, añadió el congresista.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de que el municipio pueda enfrentar escenarios similares a los vividos en regiones como el Catatumbo o el antiguo Caguán, donde grupos armados lograron consolidar su presencia.

Finalizando, el senador insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en el país: “Colombia necesita con urgencia mayor seguridad física y jurídica, así como condiciones reales que garanticen a sus ciudadanos derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad”.

Por el momento, este territorio ha afrontado varios atentados, hostigamiento a las subestaciones de policía y enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional, lo que termina por generar desplazamiento forzado y bloqueos en áreas como Ampudia y Timba, según expone la Defensoría del Pueblo.

Además, la comunidad también se ha visto envuelta en este conflicto y ha sido instrumentalizada por las disidencias.