Procuraduría investiga a funcionarias de Jamundí por obra dentro del condominio donde vive la alcaldesa

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra las funcionarias del municipio de Jamundí Yexica Karime Obando Martínez, secretaria de Planeación y Coordinación Municipal; Fernelly Quijano Cerquera, inspectora tercera de Policía; y Alejandra Janeth Jaramillo Quintero, quien se desempeñó como inspectora segunda encargada hasta el 29 de abril, por presuntas irregularidades en un proceso policivo y actuaciones administrativas en Jamundí.

La decisión se originó en quejas documentadas por un residente de un condominio campestre donde vive la alcaldesa Paola Castillo. El denunciante sostiene que, tras iniciar una ampliación en su predio con licencia de construcción expedida por Planeación mediante la Resolución 592 del 28 de octubre de 2025, su obra fue suspendida en medio de actuaciones que, según afirma, vulneraron el debido proceso.

El caso se remonta a finales de 2025, cuando la administración del condominio solicitó a Planeación la revocatoria de la licencia. Al mismo tiempo, el propietario radicó peticiones para que se inspeccionaran otros predios por presuntas infracciones urbanísticas. Desde entonces, se habrían presentado actuaciones rápidas frente a su construcción, mientras otras solicitudes no tuvieron el mismo trámite.

Entre los hechos que analiza la Procuraduría está la audiencia del 29 de abril de 2026 en la Inspección Segunda de Policía, donde la parte afectada pidió la nulidad de lo actuado. Allí advirtió que no fue notificada de decisiones previas, que recursos presentados no fueron resueltos y que solicitudes formales no recibieron respuesta.

La queja también señala que el expediente fue pedido en al menos cinco ocasiones sin éxito y que, al revisarlo, faltaban documentos radicados por su apoderada. Un día después de la audiencia, el expediente no estaba en el despacho y la funcionaria encargada ya no se encontraba en el cargo, sin dejar acta de la diligencia, lo que encendió alertas sobre la cadena de custodia del documento.

Adicionalmente, se cuestiona que las visitas técnicas de Planeación se limitaron a 18 predios, pese a que la solicitud incluía todo el conjunto. También se mencionan posibles tratos desiguales frente a otras construcciones señaladas por presuntas irregularidades.

En paralelo, el residente interpuso una acción de tutela contra la administración del condominio. El fallo le dio la razón en dos instancias por vulneración a los derechos de petición e igualdad, y actualmente cursa un incidente de desacato.

Con este contexto, la Procuraduría busca establecer si hubo incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones o violación de normas por parte de las funcionarias. El proceso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y también existen denuncias penales relacionadas con el caso.