La politiquería tiene a la Industria de Licores del Valle tocando fondo

La ILV, dicen algunos exgerentes, se ha convertido en la caja menor de los intereses políticos del Valle.

La pérdida de mercado a manos del contrabando y el licor adulterado no es el problema más grave de la Industria de Licores del Valle. Según varios exgerentes, esa es “solo una consecuencia del verdadero cáncer que padece la ILV: la caja mayor del Departamento se convirtió en la caja menor de los intereses políticos en el Valle”.No es gratuito, dicen, que cuando se aproximan elecciones a la Gobernación y empiezan a cerrarse acuerdos y tejerse alianzas en el lobby de algunos hoteles en Cali, a lo primero que le apuntan los jefes políticos es al control de la licorera.Y no es que la empresa ofrezca una amplia planta de cargos para pagar con burocracia respaldos políticos (solo tiene 89 empleados), sino que ofrece el principal insumo para estructurar una campaña electoral y fortalecer un movimiento político: dinero en efectivo.“No hay la más mínima posibilidad de que un gerente pueda manejar la licorera desde un ángulo empresarial, con carácter privado, porque se constituyó en la caja menor de los intereses políticos del departamento y usted entra es a pagar cuotas, a responder a los intereses de todos, menos los del departamento”, dijo uno de los exgerentes quien accedió a hablar bajo reserva de su nombre.De hecho, quienes menos problema han tenido para acomodarse a la empresa, según sindicalistas, son los gerentes de perfil político porque saben capotear los intereses de congresistas, alcaldes y diputados, aunque de la empresa no tienen ni idea; pero quienes tienen un perfil gerencial, abandonan el barco rápido porque no pueden darle órdenes a nadie, mover gente o sacarla porque de inmediato recibe la llamada reclamante o insultante del jefe político. Uno de esos exgerentes de perfil empresarial, aseguró que “es un infierno gerenciar la licorera. Uno no es siquiera una figura decorativa porque el 50% de la empresa la maneja el distribuidor y el otro 50% toda la clase política”.“En la parte comercial y de promoción los gerentes de la industria de licores deben responderle a 43 jefes: uno es el distribuidor y los otros 42 son los alcaldes de los municipios, que para efecto de sus intereses quieren que se les haga fiesta por cuenta de la ILV cada año. Entonces en poblaciones pequeñas, de 10.000 o 20.000 habitantes, toca montarles feria hasta por $300 millones y $400 millones”, dijo el exfuncionario.Lea aquí: La mitad del Aguardiente Blanco que se toma en el Valle es falso No asoma el cambioDesde los organismos de control no se vislumbra tampoco una posibilidad de cambio que permita el repunte de una empresa que sigue perdiendo mercado y que según su gerente, Luis Fernando Martínez, “si sigue como va, en cinco años tendrá que liquidarse”.Entre otras cosas porque el control de la empresa sigue estando, de una u otra forma, en las mismas manos que la tuvieron durante el gobierno del destituido Juan Carlos Abadía y de quienes protagonizaron el detrimento patrimonial que terminó con la destitución del exgobernador Héctor Fabio Useche.La Contraloría del Valle es el último bastión de los amigos del exsenador Juan Carlos Martínez, que en su momento le dio el contrato de distribución a la antigua filial del Consorcio Suprema y que entonces tenía como gerente a Doney Ospina, que hoy asesora al distribuidor.Pero el roscograma no para ahí. En el interior de la licorera no esperan pronunciamientos contundentes de parte de la Contraloría porque una exmujer del contralor, Weybar Sinisterra, es la Jefe Jurídica de la industria.Luego de darle varias vueltas al tema y de asegurar que solo se ha casado dos veces y que ninguna de las dos trabaja en la ILV, el Contralor del Valle reconoció que la Jurídica de la Licorera es la madre de uno de sus hijos. “Es una relación que tuve hace mucho tiempo y la señora tiene sus contactos en el Valle desde antes de yo ser contralor, pero eso no la inhabilita porque ni es exesposa mía ni es cuota mía. Sé que es conocida de Édinson Delgado, del concejal Carlos Pinilla y de otra gente que trabaja políticamente”. Un caso similar ocurre con Doney Ospina, quien fue gerente de la licorera y ahora es asesor del distribuidor, y tiene a su esposa como contratista en la Industria de Licores del Valle. “Eso no tiene presentación; el señor afuera con los particulares y la esposa adentro con el Gobierno”, dijo otro exgerente de la ILV.Hoy el control de la licorera lo tienen los amigos del Gobernador, que no solo pusieron a Martínez en la Gerencia, sino que de su bolsillo es el Subgerente de Producción y la Auditora Interna. El sector político que cogobierna la ILV es el de la exsenadora Dilian Francisca Toro, quien además de algunos cargos, tiene la Secretaría General y la Subgerencia Administrativa.“Esto nos preocupa y los sindicatos se quejan de que a la ILV solo se está dando manejo político. A la gente no le interesa sacar adelante la empresa sino ver a quién metemos a trabajar. Mientras no eliminemos eso, la tendencia de la licorera será a la liquidación”, consideró el diputado Ramiro Rivera, del Mira.