El drama de las familias que habitan asentamientos irregulares en Cartago

El drama de las familias que habitan asentamientos irregulares en Cartago

Junio 15, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Mónica Garzón | Reportera de Cartago Hoy
El drama de las familias que habitan asentamientos irregulares en Cartago

Algunas viviendas están cerca a zanjones, pese a que, según la ley, deben estar a 15 metros.

La construcción de viviendas en zonas peligrosas aqueja Cartago desde hace años. A ello se suma la invasión de terrenos privados y públicos por parte de personas que construyen moradas de un día para otro.

Con el sueño de tener casa propia, la familia Velásquez compró hace doce años un lote en el sector de Bellavista.Entonces no sospecharon que años después el terreno sobre el que ubicarían su vivienda en la Villa de Robledo sería afectado por el invierno y que el Gobierno Municipal lo declararía zona de alto riesgo.En la actualidad, sobre ese lote de aproximadamente 60 metros cuadrados hay construidas cuatro casas en esterilla en las que 20 personas conviven con la zozobra de que en cualquier momento lo poco que tienen se puede venir abajo a causa de la erosión que las lluvias han producido en el terreno.“Aquí no nos dejan hacer mejoras en las viviendas, dicen que nos van a desalojar, pero no ha pasado nada. Yo vivo con susto, sobre todo por los niños más pequeños, aunque estoy contenta en el sector, me gusta”, aseguró Adriana María Velásquez.Como su familia, en el barrio Bellavista de Cartago hay más de una decena de hogares que viven en humildes construcciones cercanas a otras de hasta tres pisos y hechas en material que, de derrumbarse, podrían ocasionar una tragedia de grandes proporciones.Sin embargo, todo indica que, aunque el problema sea detectado a tiempo, llevar a cabo los procesos de reubicación implican gastos que la Administración Municipal no tiene cómo solventar.Según el secretario de Gobierno de Cartago, Gustavo Adolfo Rengifo, las ocupaciones irregulares son un problema constante en la Villa, que se complica cuando algunas personas son desalojadas de zonas de alto riesgo y al siguiente día sus predios son ocupados por otras que incluso retiran los cerramientos para levantar allí sus viviendas.“Cuando la gente construye no se puede hacer el procedimiento de desalojo al día siguiente, toca pedir el acompañamiento de la Policía y Bienestar Familiar y eso lleva tiempo”, explicó.A esto se suma el derecho constitucional a una vivienda digna que asiste a los colombianos, lo cual es utilizado por los invasores para interponer acciones de tutela que obligan al Municipio a garantizarles un subsidio para el pago de arriendo en otros lugares durante varios meses.Otra dificultad que enfrenta el Gobierno local es la referente a los hogares que se ubican cerca de zanjones o el río La Vieja y resultan afectados por las crecientes de los afluentes.Sectores como La Platanera, La Playa y el Ciprés son los más propensos a este tipo de ocupaciones. Incluso, en el último barrio hace poco menos de un mes se realizó el segundo desalojo de un lote privado que colinda con un zanjón y que había sido habitado por 200 personas.Y aunque el operativo se llevó a cabo en calma, los despojados aseguraban que no tenían adónde ir y que eran desplazados por la violencia provenientes de departamentos vecinos.“Aquí hay embarazadas, niños y personas discapacitadas que no tienen dinero ni trabajo”, sostuvo Janeth Campuzano, antes de precisar que llegó hace tres años del Chocó con su esposo y sus tres hijos.Sin embargo, para el Secretario de Gobierno ésta es una ‘excusa’ utilizada comúnmente por los invasores para acceder a ayudas de entidades como Acción Social, aunque por lo general son detectados y no incluidos en los listados oficiales.Con historiaAdemás de los asentamientos en lugares de alto riesgo, la Administración local enfrenta la problemática de familias que construyeron sus viviendas muy cerca de la antigua vía del ferrocarril. Son ocupaciones que llevan hasta más de ocho años en la mayoría de los casos y que hasta pagan impuesto predial.Y aunque resulte difícil de creer, en sectores como El Rebaño aún hay personas que usan letrinas en sus casas, ya que no cuentan con redes de servicios públicos y la ley les prohíbe hacer obras de mejoramiento.Toda una incertidumbre para quienes luego de cinco años podrían legalizar los predios sobre los que están construidas sus casas, pero que al tratarse de una propiedad de Invías ven imposible convertir en realidad ese sueño.Gloria Patricia Cano llegó hace ocho años a El Rebaño y aún padece la zozobra de no tener un techo fijo para albergar a sus tres hijos, máxime cuando ella padece una enfermedad degenerativa que le arrebata los recursos económicos con los que podría pagar arriendo en otro barrio de Cartago.Otro habitante de ese deprimido sector de la Villa de Robledo es Duverney Quintero, cuya familia pagó seis millones de pesos por la casa donde viven y cuyo futuro desconocen. “Toca pegarnos de la energía de forma ‘pirata’. Ya estamos viendo cómo pegarnos del alcantarillado que está cerca, con el permiso de la Administración Municipal, para poder quitarnos el problema de las letrinas”, aseguró.Al respecto, el Secretario de Gobierno indicó que “ellos están al pie de la carrilera y ya el Ministerio del Transporte e Invías solicitaron un informe sobre la situación, porque por allí pasa la red férrea”.Y agregó que “estamos a la espera de la información para iniciar el proceso de restitución”.EjidosMientras cientos de hogares como los que habitan en El Rebaño no tienen la posibilidad de formalizar su vivienda, otros sí lo han hecho a través de los llamados ejidos.En la actualidad, Cartago cuenta con cerca de 1.800 terrenos de este tipo distribuidos en barrios como La Inmaculada, Nueva Colombia, Cucharalarga, Melquisedec Quintero, Ciprés Bajo, San Jerónimo, San Carlos, Botero Obyrne, San Joaquín y La Loma del Palatino.Diana María Gómez Daza, jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Cartagüeño de Vivienda, señaló que “aunque son muchos los ejidos existentes, pocas personas se acercan a formalizar los predios, aunque este año la Alcaldía decidió rebajar en un 40% los costos”.Incluso, en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2009, tan sólo 76 familias realizaron el proceso para obtener el título de propiedad de los lotes que ocuparon de forma ilegal durante por lo menos cinco años, a un costo total máximo de $3.700.000 para los nuevos dueños.Lo cierto es que son muchas las familias habitantes de la Villa de Robledo que esperan una oportunidad para tener vivienda propia en medio de la pobreza y la ilegalidad en las que conviven, mientras que el Municipio enfrenta la contradicción de tener terrenos aptos para la construcción, pero no recursos para intervenirlos.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad