Tribunal Superior de Bogotá niega la preclusión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el proceso continúa

El magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz leyó la decisión y demoró más de tres horas y media. Durante la lectura se dedicó a desvirtuar uno a uno los argumentos de la Fiscalía para decretar la preclusión en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Durante la audiencia, que duró más de una hora, el magistrado hizo un recuento de las pruebas y por qué no se adecuaban a las condiciones que la ley impone para solicitar la preclusión del proceso.

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que hay pruebas suficientes para continuar las pesquisas contra uno de los políticos más influyentes de este siglo en el país, por los delitos de soborno y fraude procesal. Así las cosas, la Fiscalía tiene un mes para presentar el escrito de acusación.

“La sala de decisión han analizado el recurso de apelación contra la decisión que negó la preclusión y llegó a las siguientes conclusiones: La fiscalía planteó la preclusión por la presunta comisión de los delitos de soborno en la actualización penal y fraude procesal, para tal fin invocó las causales de atipicidad del hecho e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, dijo el magistrado.

Según afirmó que era contradictorio decir que la conducta no encajaba en una norma penal o no hay manera de presumir la inocencia del investigado, “en la decisión se puede observar que hay causales probatorios que hacen que el tribunal no pueda llegar al conocimiento para revocar la decisión de primera instancia y acceder a la preclusión. El estudio puso en evidencia la existencia de incertidumbre sustanciales sobre las circunstancias en la que se desarrollaron los hechos, sobre los que permitirían esclarecer los hechos”.

“Con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía (...) resulta inviable por ahora acceder a la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación” de archivar el proceso, afirmó el juez Carlos Andrés Guzmán durante una audiencia pública en Bogotá.

Por último, llamó la atención de la Fiscalía para que haga “una labor investigativa más completa para subsanar los vacíos probatorios que se han identificado”. El magistrado fue enfático que el ente acusador puede evaluar dentro de su autonomía si ha de continuar investigando o en los eventos puede adoptar otra alternativa.

Es la tercera vez que un tribunal rechaza una solicitud de la fiscalía para archivar la investigación contra el expresidente (2002-2010), en medio de un enrevesado proceso de avances y contramarchas que inició en 2012.

Tras la decisión, la fiscalía tiene seis meses para presentar el escrito de acusación contra Uribe o pedir nuevamente que se archive el caso. Podría ser la primera vez que un expresidente es llamado a juicio penal en la historia del país por delitos que son castigados hasta con ocho años de cárcel.

La decisión se tomó luego de cinco meses de estudio y con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz. Para la diligencia judicial, estuvieron convocados el expresidente Uribe y sus abogados, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana. Durante la diligencia, el expresidente Uribe se presentó, asistió al inicio de la audiencia, pero se retiró. El juez aseguró que no era necesaria su presencia.

Además, hicieron presencia, Iván Cepeda Castro; el exfiscal general Eduardo Montealegre; el exvicefiscal general Jorge Fernando Perdomo Torres, y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron avalados como víctimas dentro de este expediente, también fueron citados al Juzgado 41 penal.

En la historia jurídica del país este es un caso poco común y por qué no, insólito, ya que el expresidente Uribe pasó de ser denunciante a ser acusado. El exmandatario había señalado a los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba por ir a las cárceles buscando testimonios en su contra, a cambio de beneficios.

De forma sorpresiva, Uribe fue sentado en el banquillo de los acusados, no sin que se siguieran presentando situaciones extrañas. En este punto es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia habría ordenado la interceptación de su teléfono, en una supuesta confusión con el número del también congresista Nilton Córdoba.

Por ende, el magistrado César Reyes, en agosto de 2020, ordenó la medida de casa por cárcel para el expresidente, quien renunció al congreso. Ya sin el fuero de parlamentario el caso pasó a manos de la Fiscalía, que no encontró mérito para acusarlo, por lo que radicó, por primera vez, la solicitud de preclusión del proceso.

Lo que ha dicho el exmandatario frente a su caso

Desde que filtró el fallo, el líder del Centro Democrático ha mostrado su tristeza y preocupación. “Indudablemente, la recibo con enorme preocupación, yo he defendido mi reputación con valentía, pero no sé de sobornar testigos, ni de engañar a la Corte, toda información que se recogía se mandaba a la Corte para que la examinara”, afirmó Uribe en su cuenta de X (antes Twitter).

Asimismo, afirmó que “lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañar, ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación, de que yo nunca tomé la iniciativa para buscar presos”.

Esto, en referencia a que, según Uribe, él solo estaba pidiendo que se verificaran las informaciones que le llegaban “de qué personas como el senador Cepeda, los buscaba para ofrecerles recompensas para que me acusara, si eso era verdad, pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho se me lleva a juicio”.

De igual manera, el exmandatario también insinuó que esta decisión podría estar influenciada por factores políticos.

“Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no, quien precedía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación, parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona, pero además uno de ellos hoy, ya magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir, esto es increíble” expresó.

Además, se refirió a la solicitud de preclusión del caso que hicieron varios funcionarios, antes de ser llamado a juicio.

“Dos fiscales a quienes no conozco y dos procuradores pidieron la preclusión, dos juezas la negaron con una carga política en mi contra, ahora la niega el tribunal, solamente conozco la noticia, porque el tribunal había fijado para hoy la fecha de audiencia para comunicar la decisión”, puntualizó.

*Con Información de AFP*