Radican proyecto de ley que busca castigar con cárcel a encapuchados que cometan actos vandálicos durante protestas

Los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, junto con otros congresistas, radicaron un proyecto de ley que propone establecer sanciones penales para quienes participen en manifestaciones públicas, oculten su identidad y cometan actos vandálicos.

La iniciativa plantea modificar el Código Penal para incluir una conducta relacionada con el vandalismo cometido durante protestas, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas cuando el responsable se aproveche del ocultamiento de su identidad.

De acuerdo con el texto radicado, quienes incurran en estas conductas podrían recibir una pena de prisión de entre 54 y 96 meses, además de una multa que estaría entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El proyecto contempla un aumento de hasta dos terceras partes de la pena cuando durante los hechos sean utilizados objetos peligrosos elaborados de manera artesanal, explosivos, sustancias capaces de causar daño u otros elementos destinados a lesionar personas o afectar bienes públicos o privados.

La propuesta también establece sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan o proporcionen recursos para obstaculizar temporal o permanentemente vías, infraestructura o sistemas de transporte, cuando estas acciones afecten a la población, la salud pública o la seguridad alimentaria.

En estos casos, la pena planteada también sería de 54 a 96 meses de prisión, acompañada de una multa de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo equivalente al de la condena.

Los autores de la iniciativa aseguran que el proyecto no busca limitar la protesta pacífica y señalan que este derecho continuará protegido por la Constitución Política. El texto busca establecer una diferencia entre la manifestación pacífica y las conductas que impliquen violencia o daños contra personas y bienes.

Como antecedentes, los congresistas citan medidas adoptadas en otros países. Entre ellas está Chile, donde después de las manifestaciones violentas de 2019 fue aprobada una legislación conocida como Ley Antiencapuchados, orientada a desincentivar el ocultamiento de la identidad cuando este sea utilizado para cometer actos violentos o afectar bienes públicos y privados.

También se menciona el caso de Guatemala, donde existe una prohibición directa, con consecuencias penales, frente al uso intencional de elementos destinados a ocultar la identidad.

Además de Triana y Arizabaleta, respaldan la iniciativa Andrés Guerra, Guillermo Alvira, Luis Eduardo Díaz, Germán Rodríguez, Daniel Briceño y Juan David Londoño.

El proyecto deberá avanzar ahora por los diferentes debates establecidos en el Congreso para determinar si finalmente se convierte en ley.