¿Quiénes son los magistrados del CNE que decidirán si el Presidente es investigado?

Ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, tendrán la responsabilidad de votar, en Sala Plena, si se formulan cargos en contra de Gustavo Petro por la presunta violación de topes por parte de su campaña a la Presidencia, así como por supuesta financiación prohibida.

Así quedó establecido ayer, después de que dos togados de ese tribunal, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaran una ponencia en ese sentido, que también afecta al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los auditores de mencionada campaña.

Según ha trascendido, en el documento que desde ayer pasó a estudio de los nueve magistrados del CNE (uno de ellos tiene voz pero no voto) los investigadores relacionarían indicios y pruebas de la presunta omisión de aportes por $ 500 millones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, que habrían sido entregados a través del partido Colombia Humana.

De igual forma, se habla de un supuesto giro por $ 600 millones a la campaña desde la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y del pago de $60.000 a los 35.000 testigos electorales que cuidaron los votos del Pacto Histórico.

Sobre este último punto, el Mandatario colombiano reaccionó ayer mismo desde su cuenta de X a algunos de estos señalamientos: “Un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.

Y, en efecto, una fuente política que pidió la reserva de su identidad le dijo a El País que, en el caso del tema mencionado por el Jefe de Estado, sí podría caber una discusión legal, al igual que en los dineros que llegaron a la Colombia Humana, pero no en otros, como sería no haber reportado las cuentas pagadas a la Sociedad Aérea de Ibagué, que, al parecer transportó al entonces candidato a varias regiones del país, junto a su equipo de campaña.

“Se estima que, de cada $ 10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $ 6500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué”, asegura un informe del diario El Colombiano.

¿Cómo votarían?

Tras conocerse la radicación de la ponencia, ha tomado relevancia identificar quiénes son y la filiación política de los ocho magistrados del CNE que participarán de la votación de la ponencia, que no es seguro que tenga lugar el próximo miércoles, cuando se vuelva a reunir la Sala Plena.

Así las cosas, además de Benjamín Ortiz, que pertenece al Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, que milita en el Centro Democrático, los otros togados son Alba Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico; Cristian Quiroz, de la Alianza Verde; César Lorduy, perteneciente a Cambio Radical; Maritza Martínez, quien fue congresista por el Partido de La U y hoy es la presidenta del tribunal, y Alfonso Campo, proveniente del conservatismo.

“Los que están a favor del presidente Petro y votarían no a la posibilidad de que se abra la investigación formal son Quiroz, Velázquez y Márquez, y los demás estarían en contra”, le dijo la mencionada fuente a El País.

Así las cosas, lo que decidan Lorduy y Martínez sería definitivo para la determinación final, al darse por descontado que los dos investigadores votarán a favor de la formulación de los cargos al hoy Jefe de Estado.

Sin embargo, la fuente sostuvo que se necesitan al menos seis votos para que haya una decisión final, por lo que, al completarse esa cantidad de votos, es muy posible que el Consejo Nacional Electoral deban llamar a algunos conjueces que ayuden a definir el caso.

Rechaza su postura

Ayer, el CNE rechazó las declaraciones del presidente Petro, asegurando que “quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales”.

Además, precisaron que las actuaciones a cargo de esa autoridad electoral se desarrollan en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 de 2011.