¿Qué puede pasar en Colombia con la información que Estados Unidos entregará sobre el caso Odebrecht?

Días atrás, las autoridades de Estados Unidos informaron que el Grupo Aval firmó un acuerdo con la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país, aceptando su responsabilidad en el pago de sobornos en Colombia, en complicidad con Odebrecht, algo que habían negado por años.

Los sobornos de la multinacional se relacionaban con la adjudicación de la ruta Ocaña-Gamarra, correspondiente al segundo tramo de la Ruta del Sol. Al menos 28 millones de dólares se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, lo que generó ganancias indebidas por 32 millones de dólares al Grupo Aval.

La aceptación de responsabilidad por parte de Corficolombiana y el conglomerado financiero implicó detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con las autoridades de ese país.

Frente a la confesión del Grupo Aval, el Gobierno colombiano busca que los hallazgos de la justicia de EE.UU. permitan reactivar los procesos en el país.

Así lo aseguró la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien pidió a la Cancillería adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener la información correspondiente de parte de las autoridades de Washington.

El presidente Gustavo Petro también le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que no solo active canales con Washington, sino también con Brasil, el país originario de Odebrecht.

La pretensión del Ejecutivo contrasta con lo dicho por el fiscal delegado para el caso en Colombia, Gabriel Jaimes, quien afirmó que los procesos contra directivos del Grupo Aval, con excepción del condenado expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quedaron cerrados.

¿Qué puede pasar en Colombia, entonces, con la información en contra de ese consorcio financiero brindada por las autoridades norteamericanas? ¿Es posible que se reabran procesos tanto penales como por parte de la Superintendencia de Sociedades?

Entre las pruebas a las que el Ejecutivo podría acceder están dos coimas clave pagadas por Corficolombiana. Una de 3,4 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, no se ha investigado en Colombia, y otra que recibió un alto funcionario del Gobierno de Juan Manuel Santos, cuya identidad aún se desconoce.

Melo, condenado a once años de prisión en 2019 por cohecho y celebración indebida de contratos, y quien, de acuerdo con la aceptación del Grupo Aval, sería el principal responsable de los sobornos, negó su participación en ellos y señaló a otros miembros de ese conglomerado.

“De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por US$28 millones entre 2014 y 2016, a que alude el punto 15 del documento de la SEC”, dijo el sentenciado exdirector de la filial del Grupo Aval.

“Yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol”, insistió Melo en un comunicado.

Los responsables, según él, son otras “personas vinculadas con el Grupo Aval y Corficolombiana”, que tenían “conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión”.

Cualquier investigación penal en ese sentido estaría en manos de la Fiscalía, una vez se tenga esta información, que, paradójicamente, proviene originalmente de Colombia, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio proporcionó asistencia en las investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (ver recuadro).

En manos de la Fiscalía

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, asegura que esa entidad no tiene nada más qué hacer, sino que le corresponde a la Fiscalía actuar, no solo cuando llegue la información de Washington, sino con la que ya tienen “con testigos del caso, computadores, teléfonos y pruebas que deben buscar en todo lado”.

“Ese cuento de que en el Grupo Aval solo Melo participó no se lo cree nadie”, afirma Robledo y agrega: “Vaya usted y pida un crédito al Banco de Bogotá, de Sarmiento, a ver cuánta gente se entera: uno tiene que aprobar, uno tiene que desembolsar y otro tiene que verificar que usted pague”.

Ahora bien, en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de las empresas, explica el abogado Francisco Bernate. Por tanto, solo se pueden procesar a personas o grupos de personas.

Es decir, si Corficolombiana ha sido encontrada culpable, lo que la justicia nacional debe investigar es quiénes, además de su representante legal, tuvieron qué ver con sus actividades corruptas, y esa es una deuda que sigue pendiente en la jurisdicción penal, aseguran varios implicados en el caso.

La tesis según la cual Melo es el único al que se le puede señalar, como dijo el fiscal Jaimes, se sostiene solo si actuó solo, corroboró Bernate.

No obstante, seis años después de que estalló a nivel internacional el escándalo de Odebrecht, esa postura entra en contradicción con lo que han revelado las investigaciones e incluso el mismo ente acusador: hubo un sofisticado esquema de sobornos que penetró toda esfera de poder adonde llegó, incluyendo a Colombia.

Y según esta tesis, Melo difícilmente hubiera podido coordinar solo toda la complejidad del entramado.

Él “solo confesó $6000 millones de sobornos a la justicia colombiana”, señaló el presidente Petro, y añadió que, como el acuerdo con Washington se refiere a más de veinte millones de dólares, “alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo”.

Las tareas pendientes

La deuda es con la verdad y la justicia, pero también con el fallecido Jorge Enrique Pizano, el auditor que el Grupo Aval contrató para revisar los contratos de la Ruta del Sol 2 que dijo que ese conglomerado ya sabía de los contratos falsos y de los sobornos.

De hecho, Pizano, quien murió envenenado, alertó de ello a Néstor Humberto Martínez, en ese momento asesor del Grupo Aval y luego elegido como fiscal general de la Nación.

Martínez negó que cuando recibió la información de Pizano hubiera cómo confirmar esas coimas, aunque después fueron corroboradas por las investigaciones. Incluso, dos de los nombres mencionados por Pizano están entre los 55 llamados a imputación recientemente por el fiscal Jaimes.

Uno de ellos es Luis Bernardo Villegas, interrogado por la Fiscalía de Martínez sin concluir nada y quien, según las indagaciones, habría recibido una coima por más de $9000 millones y fue lobista en la ANI para aprobar uno de los otrosís que luego se tradujeron en irregularidades en el tramo Ocaña-Gamarra.

El otro imputado es Édgar Chacón Hartmann, exfuncionario de la ANI, quien aparentemente recibió $12 mil millones en un contrato falso.

Por ahora, solo queda esperar a que la información de Washington llegue a Colombia, para saber si habrá lugar a la reapertura de investigaciones.

Sin embargo, el impacto que ha provocado el reconocimiento de sobornos por el Grupo Aval en EE. UU. parece indicar que el caso Odebrecht, lejos de estar llegando a su fin, incluso para Aval, el mayor conglomerado del país, es una investigación sin punto final.