¿Qué futuro podría tener la ley de reconciliación nacional propuesta por el presidente Petro?

“A los narcotraficantes les decimos que hay otro camino que, a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo: no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino”.

Bastó que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, pronunciara estas palabras desde Ciénaga de Oro, Córdoba, su tierra, para que en el país se desatara una ola de reacciones en contra de esa iniciativa.

La misma se materializaría en un proyecto de ley de reconciliación nacional que el Gobierno estaría próximo a presentar a consideración del Congreso de la República y del país.

Sin embargo, desde ya varios sectores están afirmando que se trataría de una vía a través de la cual el Ejecutivo buscaría otorgarle beneficios jurídicos las cabezas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en el territorio colombiano.

¿De dónde surge la idea?

Esta alternativa de retorno a la legalidad para los narcotraficantes ya había sido advertida en el discurso que el Jefe de Estado pronunció el pasado 7 de agosto, con motivo de su primer aniversario en el poder.

“Vamos hacia una ley de reconciliación nacional y la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino también en la justicia penal ordinaria”, aseguró Petro en ese momento.

No obstante, todo indica que, al parecer, la idea todavía no está muy aterrizada al interior del Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, por ejemplo, reconoció que aún no se cuenta con un texto preparado del proyecto y su colega del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo en los medios de comunicación que por lo pronto es “solo una idea”.

Eso sí, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, precisó enfáticamente que “nadie está hablando de amnistías e indultos”, tratando de dejar en claro que el objetivo de la Casa de Nariño no es buscar impunidad para los traficantes de drogas.

De igual forma, el funcionario recordó que en el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se consignó que el tráfico de drogas ilegales es uno de los principales factores de la persistencia del conflicto armado en el país, por lo que, solicitó que el Estado tome la iniciativa de dialogar con los grupos armados al margen de la ley.

Pero también, insistió, pidió “desarrollar mecanismos de investigación que permitan enfrentar con verdadera eficacia tanto el sistema de alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico como la judicialización de los aparatos políticos, financieros y armados que lo hacen posible”.

¿Más rechazo a la Paz Total?

Según le dijo a Colprensa, para el docente e investigador Luis Trejos, la propuesta que el presidente Petro puso sobre la mesa en relación con el narcotráfico “trataría de darle un margen de negociación a todas las expresiones de violencia que quedan por fuera de la Ley de Paz Total”, es decir, a aquellos actores que carecen de estatus político.

También explica que la polémica Ley 2272 de 2022, que sancionó el Mandatario a finales del año anterior y cuya legalidad está siendo estudiada actualmente por la Corte Constitucional, “lo que hace es entregarle al Gobierno Nacional un marco jurídico para que adelante negociaciones con las organizaciones a las que se les reconoce el carácter político, dejando un gran vacío en la medida en que faltaba la ley de sujeción o sometimiento a la justicia, que no se debatió en la legislatura pasada y no se presentó en esta”.

En efecto, en marzo pasado el Ejecutivo radicó ante el Senado la que sería la principal herramienta para convertir en realidad la mayor apuesta de Gustavo Petro durante la pasada campaña a la Presidencia.

En dicha iniciativa se establecía que los miembros de estructuras criminales debían aceptar su responsabilidad penal, entregar la información de sus patrones criminales y ofrecer reparación a las víctimas en un periodo de libertad condicional de cuatro años.

Solo así podrían acceder a una pena de entre 6 y 8 años y a conservar el 6 % del valor de sus bienes, siempre y cuando entregaran el resto de ellos. De no cumplir, dice el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, pagarían el máximo monto de la pena correspondiente a los delitos cometidos, perdiendo todas las rebajas y beneficios que les hubiesen sido otorgados.

¿Tiene posibilidades?

El analista Trejos reconoce que en la actualidad no hay un ambiente político propicio –dado que el Gobierno no tiene las mayorías en el Congreso– para que esa ley de sometimiento sea aprobada por el Legislativo.

En sus palabras, “es posible que, tras las elecciones de octubre próximo, lo que veamos es que, ante el deterioro sostenido de la seguridad en muchas regiones, el discurso de mano dura se arraigue y contraste con el de paz del Gobierno Nacional”.

Y añade que, con este escenario en mente, una ley de reconciliación nacional, como la que acaba de proponer el Mandatario colombiano, tampoco prosperaría en el futuro cercano.