Propuesta del Gobierno de excluir la reforma rural del seguimiento de la ONU genera críticas desde distintos sectores políticos

La propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia provocó reacciones de diferentes figuras públicas, quienes expresaron reparos frente a las implicaciones que tendría la decisión para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La controversia surgió después de que el canciller colombiano, Omar Bula, solicitara ante el Consejo de Seguridad de la ONU extender el mandato de la misión, pero modificar sus funciones para excluir la supervisión de la Reforma Rural Integral.

El exministro Juan Camilo Restrepo cuestionó la propuesta del Ejecutivo y sostuvo que la Reforma Rural Integral no debe entenderse como un beneficio exclusivo para las antiguas Farc, sino como un componente orientado a atender las necesidades de la población rural colombiana.

Restrepo señaló que el desarrollo rural constituye uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz y recordó su relevancia para las comunidades campesinas.

El Exministro también manifestó preocupación por la posibilidad de retirar la supervisión internacional a este componente. “Una verdadera lástima lo que ha sucedido hoy en NY”, escribió.

Por su parte, Humberto de la Calle también expresó reparos frente a los argumentos utilizados para justificar el cambio en las funciones de la misión internacional.

El exjefe negociador hizo énfasis en las dificultades históricas que ha enfrentado la implementación de los compromisos relacionados con el desarrollo rural y cuestionó la idea de que las instituciones estatales cuentan con todas las herramientas necesarias para asumir esa responsabilidad sin supervisión internacional.

“Y sostener que el Estado tiene los instrumentos para la implementación, encubre el hecho de que desde hace décadas se ha obstaculizado propósito”, manifestó De la Calle.

El expresidente Gustavo Petro también reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó la solicitud del Gobierno y planteó que retirar la supervisión internacional podría afectar el seguimiento a los compromisos relacionados con el acceso a la tierra.

En su publicación, Petro escribió: “El canciller de un narcogobierno pide que la riqueza de la mafia: que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”.

El exministro de Minas Andrés Camacho se sumó a los cuestionamientos y afirmó que el Gobierno está llevando al país hacia un retroceso en materia de desarrollo rural. “El gobierno de Abelardo se está esforzando para llevarnos a la Edad Media”, escribió.

Camacho defendió la reforma agraria como una herramienta para fortalecer la economía, reducir la pobreza rural, aumentar la productividad agrícola y ampliar el mercado interno.

El Consejo de Seguridad deberá decidir sobre el mandato

Mientras continúan las reacciones, la propuesta del Gobierno deberá ser evaluada por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo encargado de definir si prorroga el mandato de la Misión de Verificación y cuáles serán sus funciones.

La discusión se centra en el alcance del acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, particularmente en lo relacionado con el acceso a la tierra y el desarrollo de los territorios más afectados por el conflicto.

La decisión que adopte el Consejo de Seguridad definirá el alcance de la misión para el siguiente periodo y marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre la implementación del acuerdo y el papel de los organismos internacionales en Colombia.