Procuraduría abrió indagación previa al senador Ciro Ramírez por presuntos contratos irregulares en varios departamentos, entre ellos el Valle

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación informó que se abrirá una indagación en contra del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, al parecer, por la celebración de varios contratos irregulares en diferentes partes del país.

“Se ordenó la apertura de una indagación previa contra el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los $ 9.000 millones”, se lee en el documento.

Según el ente regulador, esta indagación se comienza a raíz de la investigación de varios medios de comunicación, quienes afirmaron procedimientos irregulares y asta una posible red de corrupción.

“La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias hechas por varios medios de comunicación que refirieron que, al parecer, junto con otros servidores, el congresista participó en la manipulación de al menos 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022″, puntualiza la misiva.

El propósito de la apertura de la indagación es determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. Si lo desea, el senador podrá ser escuchado en audiencia libre.

Presuntos vínculos de corrupción

Es importante tener en cuenta que a mediados de este año, Ramírez fue llamado a declarar para dar explicaciones sobre sus supuestos vínculos con una organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño, quien recientemente recibió una sentencia de 15 años de prisión.

En su momento, la Corte Suprema confirmó que la investigación está relacionada con su presunta participación ilegal y dirección de 13 contratos para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Presuntamente, habría recibido pagos ilegales en dinero debido a esas acciones.

Cabe recordar que también por estos hechos se originó en la investigación y juicio del excongresista Mario Alberto Castaño, quien fue condenado por la Sala de Primera Instancia tras admitir su participación en corrupción en procesos de contratación.

La decisión del tribunal así lo confirmó el 16 de junio, en donde la determinación fue clara y contundente al afirmar que Mario Castaño ejerció presión a través de su influencia y contactos. Esto para obtener beneficios de varios contratos en los ministerios de Cultura, Deportes y del Interior.

Para recibir directamente a los miembros de la “red criminal” que formó, los interesados debían comunicarse con él. Debían proporcionar al senador el diez por ciento del valor total de cada contrato.

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, va a juicio disciplinario

La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Alejandro Lyons Muskus, quien fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015, por presuntas irregularidades en la contratación de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para que prestaran terapias de neurodesarrollo a menores de edad con síndrome de down.

El ente de control, además, llamó a responder al exsecretario de Salud del departamento, Edwin de Jesús Preciado Lorduy, quien ocupó el cargo en 2015.

La investigación señaló que los exfuncionarios habrían omitido la licitación para escoger la oferta más favorable para brindar los servicios de salud y en su lugar contrataron directamente a las IPS de su conveniencia.

”Además, mediante la firma de un acta se habría fijado el costo fijo del paquete integral de 100 terapias por paciente en dos millones 250 mil pesos, sin que aparentemente se cumplieran en su totalidad los requisitos exigidos en la norma que regula las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de los pagos”, apuntó la Procuraduría.

El exgobernador Lyons presuntamente transgredió su labor de control y vigilancia en las distintas etapas de contratación. Por ello, “pudo haber posibilitado la vulneración de los principios de transparencia y legalidad que debían guiar la práctica contractual del Estado”.

El exsecretario Preciado, por su parte, fue el encargado de suscribir los contratos con las IPS y de verificar su ejecución.

El Ministerio Público calificó las presuntas faltas de ambos como graves a título de culpa gravísima. Por ello, tendrán que responder en un juicio disciplinario que les podría traer como sanción una destitución e inhabilidad.

Con información de Colprensa