Políticos y bandidos quieren apoderarse de las curules especiales de paz

La Cámara de Representantes de Colombia tiene 166 curules. De ellas, 161 se asignan por departamentos, las otras cuatro tienen una connotación especial: para afros, indígenas y colombianos residentes en el exterior. Pero a partir de 2018 se adicionarán 16 curules por un periodo de ocho años.

Se trata de las circunscripciones especiales de paz, que a través de un acto legislativo que ya pasó su primer debate en el Congreso de la República (le quedan tres), serán incluidas de manera transitoria en la Constitución Política de Colombia, tal y como quedó pactado en el Acuerdo de Paz.

Pero, ¿cuál es la finalidad de esas circunscripciones? ¿quiénes podrán aspirar a ellas? ¿a partir de cuándo? ¿qué territorios se beneficiarán?

“Con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, de manera temporal y por 2 períodos electorales”.

“Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales”.

“Los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno. Podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de la circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas, mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros”.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pág. 54
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Sobre el papel, las reglas están claras, pero en el terreno todavía no.

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Tan pronto se conoció sobre las nuevas circunscripciones lo que muchos sectores políticos y analistas hicieron fue sumar las curules que serán entregadas a las Farc (10) —como garantía de su tránsito a la legalidad política— diciendo así, que entonces, la guerrilla tendría “aseguradas” 26 sillas en el Congreso de la República porque coincidencialmente, en esos territorios están ubicados las zonas veredales.

Pero Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), dice que afirmar eso es “ligero” y refleja el desconocimiento del mapa de la violencia en Colombia y cómo funciona el poder político en el país.

El 45 % de los cabildos indígenas del país se encuentran ubicados en los municipios cubiertos por las circunscripciones especiales transitorias de paz.

Admite que estás elecciones serán reñidas porque en esos territorios, que comprenden 167 municipios del país y que fueron agrupados por zonas para definir las 16 circunscripciones especiales de paz, no solo están asentadas las víctimas históricas del conflicto, sino también la ausencia del Estado, las bandas criminales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la minería ilegal y la violencia política... (Ver mapa)
Por eso la senadora Vivian Morales dice que esas curules van a ser “un botín de guerra electoral entre los actores armados que se están disputando el control territorial y frente a los cuales el Estado no ha podido hacer nada”.

Según ella, este proyecto, que hace parte del paquete de implementación, no garantiza ni la representación de las víctimas en el Congreso, ni la reparación política y menos dará garantías de no repetición. Agrega que nadie entiende con qué criterio el Ministerio del Interior decidió agrupar territorios con identidades tan complejas, tan distintas; representando etnias indígenas, afros y problemas tan diferentes.

El acto legislativo estipula que si el censo electoral del municipio supera los 50.000 ciudadanos, se excluirán los puestos de votación de la cabecera municipal.

La senadora también cuestionó, durante el primer debate que se adelantó en la Comisión Primera del Senado, cómo se va a financiar la política en esas zonas: “No podemos legislar sobre la declamación de principios abstractos sino sobre una realidad del país que nos exige muchísima responsabilidad porque lo que aquí puede ocurrir es que vamos a traer al Congreso los testaferros políticos de alias Otoniel”.

Imelda Daza, vocera de Voces de Paz y Reconciliación, organización veedora de los proyectos de ley y reformas constitucionales, dice que en efecto es un reto lograr que las curules se asignen a quien debe ser. Denuncia que en Cesar, por ejemplo, “están los pillos de siempre haciendo alianzas y disfrazando a lobos de líderes campesinos”.

Revela que la Circunscripción 13 ya tiene candidato “pero sabemos que lo financia la ultraderecha, la misma que elige los gobernadores, la misma que pone alcaldes. Están tratando de engañar a la gente posando de organización campesina. Es una tarea dura, pero hay que desenmascararlos”.

Según la MOE, la participación electoral
de los territorios que serán cobijados por las circunscripciones fue del 42 % en los comicios parlamenta-
rios de 2014

En efecto, Alejandra Barrios, directora de la MOE, recuerda que las curules especiales generalmente terminan en las manos que no corresponden: “Nosotros tenemos un espejo que no podemos repetir que es el de las curules afro e indígenas, que por elegirse en los territorios más lejanos, no queda claro cuáles ni a quienes representan”.

Alerta que si no se hace un registro contundente se van a incrementar las organizaciones de papel que van a permitir elegir a más ‘Moisés Orozco’ (quien fue asesinado a comienzos de año en Yumbo, que fue abogado de la mafia, pero que representaba a una negritud en el papel).

El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, tiene una visión diferente del asunto. Incluso dice que eso de que las Farc no podrán inscribir candidatos para esas circunscripciones no es tan cierto y que bajo “aparente imparcialidad” se está encubriendo al “partido del terrorismo”.

Dice que durante los próximos debates del acto legislativo buscará que todos los partidos tengan derecho a inscribir candidatos, porque a su juicio, la propuesta inicial es “maniatar” las organizaciones políticas: “Si nos dejan presentar aspirantes, estoy seguro de que el Centro Democrático ganaría unas 5 de esas 16 circunscripciones”.

Pero el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera, dice que los partidos políticos siguen teniendo las mismas posibilidades de elegibilidad con las circunscripciones ordinarias y que por eso las nuevas circunscripciones son para personas con unas condiciones y situaciones especiales.

77 de los 167 municipios que hacen parte de las circunscripciones tiene posible déficit de cedulación, por lo que no podrían participar en las próximas elecciones.

Para él, la preocupación no es solo la posible relación entre las Farc y esas 16 curules, sino que los partidos políticos tradicionales se queden con ellas: “Cualquier candidato al Senado puede financiar campañas como si fuera una alianza estratégica con Cámara, crear organizaciones de papel e inscribir candidatos”, pero dice que para evitar esas situaciones habrá una Ley Estatutaria que delimitará las reglas de este juego que apenas comienza.

La circunscripción especial transitoria de paz número 1 comprende tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Y en total, recoge 24 municipios que ‘pelearán’ por tener un solo representante en el Congreso de la República.

La designación de los 16 grupos, que en total conforman las circunscripciones, la hizo el Ministerio del Interior.

El senador Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera de la corporación, donde se dio el primer debate el pasado martes, explica que para ello se tuvieron en cuenta varios factores: zonas más afectadas por el conflicto armado (a través de la intensidad de la confrontación), pobreza (Índice de Pobreza Multidimensional Rural), debilidad institucional y economías ilegales (a partir de la cantidad de cultivos de coca por hectáreas, explotación ilegal de minerales y contrabando).

La Misión de Observación Electoral identificó que allí hay cuatro zonas veredales transitorias de normalización: Buenos Aires, Caldono y Miranda (Cauca) y Policarpa, en el departamento de Nariño.

Entre 2016 y 2017, en los territorios de las circunscripciones especiales se presentaron 160 hechos de violencia. En todo el país hubo 444 hechos en el mismo periodo, lo que representa el 36 %.

Según la investigación, en todos los municipios existió presencia de la guerrilla de las Farc. Además, de riesgo alto por la presencia de bandas criminales en seis departamentos, cinco del Cauca y uno del Valle del Cauca; un riesgo alto en Santander de Quilichao y El Tambo, y riesgos medios en Caloto, Miranda, Patía, Policarpa y Nariño.

Así mismo, precisa el documento de la MOE que desde 2014 hay presencia de hombres del ELN en once municipios de los tres departamentos.

El Valle del Cauca también tendría participación en la circunscripción 9 con Buenaventura, y se sumarían Guapi, López de Micay y Timbiquí, en el Cauca.

La participación en la última elección (Plebiscito por la Paz) en esta circunscripción fue del 9,9 %, hecho que para Alejandra Barrios, directora de la MOE, es fundamental conocer, porque dice que hay localidades en las que es necesario recorrer hasta siete horas de camino para llegar a un puesto de votación, lo que dificulta la participación.

Los departamentos que conforman las circunscripciones especiales de paz con más municipios con consejos comunitarios son Nariño con 8 y Cauca con 7.