Paloma Valencia demanda decretos de emergencia por riesgos en contratación y “expropiación exprés”

La candidata Paloma Valencia solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión provisional de varios artículos incluidos en los Decretos Legislativos 174 y 175 de 2026. Según argumentó, estas normas del Ejecutivo vulneran las garantías electorales y el debido proceso en el país.

La solicitud se centra en los artículos 8 y 19 del primer decreto y el 12 del segundo, los cuales habilitan facultades especiales bajo el marco de la emergencia por inundaciones.

Valencia sostiene que estas disposiciones introducen cambios que afectan la protección de la propiedad privada y la transparencia en el uso de recursos públicos.

Alertas por la suspensión de la Ley de Garantías

Uno de los puntos críticos señalados por Valencia es la suspensión de la Ley de Garantías, que prohíbe la contratación directa en época electoral. La candidata advirtió que estos contratos, al no requerir licitación, podrían ser utilizados para influir en las campañas políticas actuales.

Para la demandante, el Gobierno nacional no necesitaba levantar esta restricción general para atender la emergencia climática. Según explicó, la legislación ordinaria ya contempla excepciones y mecanismos eficaces para que el Estado actúe con rapidez ante desastres naturales sin anular los controles de contratación.

Además, cuestionó que los decretos permitan la contratación directa a todas las entidades públicas sin establecer un límite de tiempo claro. Valencia denunció que la medida permite adiciones contractuales ilimitadas, eliminando el tope actual del 50% del valor inicial, regla diseñada para prevenir el derroche.

El retorno de la “expropiación exprés” en el sector rural

La demanda ante el alto tribunal también advierte sobre reformas en los procesos agrarios que eliminarían la fase judicial. De acuerdo con Valencia, las nuevas disposiciones permitirían que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) concentre todas las etapas del proceso administrativo de manera autónoma.

Bajo este esquema, la ANT tendría la facultad de iniciar el proceso, decidir qué pruebas se aceptan y tomar la decisión final sobre predios rurales.

Valencia calificó esta concentración de funciones como una herramienta “todopoderosa” que debilita la seguridad jurídica de los propietarios en el campo colombiano.

La congresista alertó que los plazos establecidos son de aproximadamente 15 días para decidir sobre la naturaleza de los predios. En su concepto, este tiempo es insuficiente para que un ciudadano ejerza una defensa efectiva o para que se realice un análisis riguroso de las pruebas técnicas.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.