“No es con la farsa que se construye la paz”: María Fernanda Cabal explica los argumentos que le dio a la Corte para que tumbe la Paz Total

“Si se les cae la Ley de Paz Total, pues que hagan las cosas bien, pero no haciendo lo que les da la gana. Parece más bien que estuvieran cumpliendo con el pacto de La Picota, que cumpliendo con un objetivo de paz de un estado civilizado”.

Así se expresa la senadora opositora María Fernanda Cabal sobre la demanda que ella y otros congresistas interpusieron ante la Corte Constitucional para que se revise la legalidad de la Ley 2272 de 2022, que representa la mayor apuesta del Gobierno de Gustavo Petro.

Este martes, el alto tribunal realizó una audiencia pública en la que escuchó al Ejecutivo y a varios expertos en paz y derecho para tener elementos de juicio antes de tomar la decisión que deberá anunciar en los próximos días con respecto a la validez jurídica de la mencionada ley. La senadora por el Centro Democrático fue una de las primeras en intervenir y habló con El País al respecto.

¿Cuáles fueron los principales argumentos que le expuso a la Corte para sustentar su demanda contra la Ley de Paz Total?

Son tres cargos. El más importante es la violación a las reglas de formación de las leyes: todo proyecto de ley o de acto legislativo en materia penal tiene la obligación, en su fase de diseño y confección, de contar con el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal. Eso es ineludible: no solo se están violando varios artículos de la Constitución, el reglamento del Congreso y la Ley 65 del 93, que es la que establece ese Consejo, sino que se lleva de calle la sentencia de constitucionalidad del magistrado Carlos Gaviria sobre esa Ley y una sentencia de tutela de Gloria Stella Ortiz: en ambas queda clarísimo que es obligatorio presentar ese concepto. La consecuencia es que tiene que caerse la Ley de Paz Total, porque esto se traduce en un vicio de carácter sustancial insubsanable. Es de forma y es muy grave.

¿Y cuál es el segundo cargo?

Es por la violación de los principios de consecutividad e identidad flexible. ¿Qué pasó? El proyecto de ley entró a comisiones constitucionales conjuntas de Senado y Cámara, nos reunimos y se vota el proyecto, sale una ponencia que entra a Cámara y al Senado. En Cámara es votada en su totalidad y se le adiciona el penúltimo inciso del artículo 2, que habla de facultades para negociar con las disidencias de las Farc, pero nunca se llevó a las comisiones conjuntas, por lo que se pierde la consecutividad. Y en Senado se niegan tres artículos, el 10 y el 11 por una proposición de eliminación presentada por Paola Holguín, Paloma Valencia y yo, y es la del Servicio Social para la Paz, que es el disfraz para acabar con el servicio militar obligatorio, y el 12, que habla de los impuestos territoriales. O sea que hay tres artículos negados en la plenaria del Senado y un parágrafo que no se discutió. Después viene la Comisión Accidental de Conciliación y revive los artículos negados y le da vida a ese parágrafo, por lo que está suplantando la voluntad de una de las dos cámaras y eso no lo puede hacer. Hay jurisprudencia suficiente que dice que cuando los artículos han sido eliminados no pueden ser incluidos en la conciliación.

Y el último argumento...

Es la insconstitucionalidad del artículo 5, parágrafo 1, inciso 2, de la Ley 2272 de 2022 o de Paz Total que dice “se admitirán como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de la libertad”. Eso es un disfraz de amnistía e indulto para conceder libertad a procesados y condenados, desconociendo, por ejemplo, el artículo 250 de la Constitución, que son las obligaciones de la Fiscalía; el artículo 13, de igualdad ante la ley, y la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24. Se lleva de calle todos los derechos de las víctimas que están contemplados en el ordenamiento jurídico constitucional y convencional frente a la justicia penal. Las víctimas tienen que conocer cuando se va a poner en libertad a una persona inculpada, al presunto victimario o al victimario. Conclusión: usted no puede, como Estado, dejar de cumplir obligaciones constitucionales ni convencionales de investigar, juzgar y sancionar, y las víctimas no pueden perder su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

De caerse la ley, ¿cómo se afectarían los procesos de paz que ya está adelantando el Gobierno?

Mi primer cuestionamiento es al Gobierno, que si tenía como uno de sus ejes principales de campaña y de política pública la Paz Total, lo mínimo es que ha debido tener la asesoría suficiente para no cometer errores de bulto... ¿qué les pasó, cómo van a pasar por encima de derechos convencionales de víctimas? Por lo menos el Acuerdo de La Habana creó un tribunal para poder cumplir, así fuera maquillando las convenciones, pero este no estableció nada y en la separación de poderes no se puede pasar de largo la jurisdicción penal, el Presidente no es el dueño de la Rama Judicial. ¿El Presidente actuando con facultades supraconstitucionales?

¿Cree que se demorará mucho el fallo?

Aspiramos que no se demore, porque ya hay un decreto emanado de esa ley que trae el mismo vicio. Si se les cae, pues que hagan las cosas bien, pero no haciendo lo que les da la gana. Parece más bien que estuvieran cumpliendo con el pacto de La Picota, que cumpliendo con un objetivo de paz de un estado civilizado.

¿Y qué pasaría con los diálogos con el ELN, por ejemplo?

Todos se afectarían, pero el más afectado ni siquiera es el del ELN, porque estos bárbaros cuentan con un estatus político, una aberración, que es un artículo de nuestro Código Penal, donde existe un delito que debe desaparecer, que es el de rebelión, con el cual se maquillan todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por eso han hecho lo que se les ha dado la gana. Ellos están un poco más blindados que las disidencias de las Farc, porque el Acto Legislativo 1 del Acuerdo estableció que era por una sola vez y no se les dio la gana, porque prefirieron seguir traqueteando. Este abuso de la ley que ha hecho el Gobierno de Petro revive a las disidencias con los mismos derechos que ya no tienen. ¿Qué pactaron, qué no nos contaron, sometieron al Estado con dineros para la campaña? Esas son mis preguntas. Si queremos una paz seria, el Estado, teniendo la mayoría de la población a su favor, no como Gobierno, con una Constitución vigente, lo que tiene es que imponer la autoridad y la mano tendida es para el que quiera portarse bien, no a punta de matar soldados y policías y civiles ganarse un espacio de salvajes para terminar cogobernando un país que está perdiendo toda la capacidad de jurisdicción en los territorios nacionales.

A propósito, ¿cómo se siente con respecto al plan que el ELN estaría fraguando contra usted?

La Policía Nacional ha estado muy atenta a mi seguridad, pero no deja de tener un efecto de incertidumbre, porque uno se pregunta si vale la pena arriesgar tanto por un país que todavía no entiende que no es con la farsa que se construye la paz y que la anarquía no trae tranquilidad. Sí hay que hacer reformas, pero no así, pasando por encima de la gente de bien. Todavía hay una parte del país con una carga ideológica profunda, que si logran sus objetivos, pues en muy poco seremos parecidos a Venezuela. Si esa parte del país no entra en conciencia de que esto se construye entre todos y de que el que se porte mal se va preso o la Fuerza Pública lo da de baja por criminal y si seguimos con el mito revolucionario, pensando que cada necesidad tiene un derecho, no vamos a tener país. Pero también pienso que la vida es muy corta y que sí vale la pena jugársela para sacar adelante un país que venía bien, hasta que llegó un Juan Manuel Santos que ya vemos para dónde va toda su farsa traidora. Así como hay una porción de ciudadanos que están viendo el país de forma equivocada, hay una parte que quiere seguir luchando y no se quiere ir de Colombia.

¿Se refiere a la denuncia de que al parecer sí entraron dineros ilegales a la campaña de Juan Manuel Santos?

Siempre se supo, porque las relaciones de Santos eran de muy alto nivel, no puede haber gente condenada por haberle servido a él en la consecución y el tránsito de esos recursos para su campaña. Lo que me sorprende es que se habla de la campaña de Santos del 2010 y 2014. Creo que Roberto Prieto fue el gerente de ambas. Entonces, las campañas en Colombia las gana la corrupción y el narcotráfico, esa es la conclusión.

Un anuncio que llega después de que se dijera que a la campaña de Petro aparentemente también llegaron dineros indebidos. ¿Será que, como dice mucha gente, siempre pasa?

Yo pienso que hay que revisar los topes de campaña y la misma norma genera que no se manifiesten todos los recursos que se reciben. Uno debería enderezar las cosas diciendo cuánto dinero requiere una campaña, cuáles son los topes y que cualquier persona jurídica o natural pueda hacer aportes. No creo en la financiación 100 % del Estado, porque es someter a los candidatos al Gobierno de turno, que va a terminar controlando, así se diga que la Registraduría y el Consejo Electoral no son del Gobierno, y no dándoles a las personas lo que necesitan. Segundo, se tiene que tener un control sobre las campañas que se pueda ejercer efectivamente. Me contaron que la auditoría contratada por el Consejo Nacional Electoral parece que ocultó buena parte de los hallazgos de la campaña Petro, hallazgos que sí los hicieron sus contadores forenses. No sé si es cierto, sé que la Fiscalía hizo una inspección, el Consejo Electoral posterior, no lo sé, pero, si lo están dejando en papeles, es porque ya el nivel de descaro es superior.