Más de 64.000 menores murieron por el conflicto armado, reveló informe final de la Comisión de la Verdad

“Este país no ha tenido un cuidado especial con los niños y las niñas y siempre se ha considerado que lo que les pasa en el marco del conflicto armado es un daño colateral y eso no es así. Lo que la Comisión ha encontrado en el Informe es que el peso tan descomunal que han llevado niños y niñas en la guerra hace que este país lleve al menos unas tres generaciones perdidas”.

Así explica la comisionada Diana Britto, coordinadora del Capítulo ‘No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado’, uno de los hallazgos más significativos de la investigación que dio lugar a este aparte del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que fue dado publicado ayer en la plataforma digital de la entidad.

Según relató, “una de las cosas que encontramos es que, más de esos ocho millones de personas desplazadas que tiene el país, casi cuatro millones fueron niñas, niños o adolescentes cuando se desplazaron y hay gente que la mayoría venía de la zona rural y hoy no quieren volver. Entonces, el país perdió el campesinado. Hoy en día en el campo hay muy poca gente joven trabajando y eso es un impacto para la sociedad que no ha sido visible y que nos afecta profundamente, no solo a nivel cultural sino incluso a nivel económico”.

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Específicamente, se estableció que se presentaron 3.049.527 casos de desplazamiento de menores de edad entre 1985 y 2019, y que 64.084 niños y adolescentes murieron a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018.

Todos estos hallazgos están consignados en un volumen que recopila cerca de 200 historias, luego de recoger 2744 testimonios (de los cuales 50 fueron a personas que aún son menores de edad) y se recibieron 140 informes y 75 casos.

Este capítulo del Informe Final de la Comisión de la Verdad también indica que las Farc fueron responsables de cerca del 74 % del reclutamiento de menores entre 1990 y 2007 en casos documentados, pero puede ascender hasta el 77 % según las estimaciones que se llevaron a cabo en la investigación.

“El 29,63 % de los responsables de los ataques fueron agentes estatales, el 22,47 % fueron paramilitares, el 19,98% no está identificado, el 16,46 % fueron grupos guerrilleros y el restante es de otros responsables”, indica un comunicado de prensa de la entidad.

“La mayoría de las voces que recogimos son voces de gente adulta que nos contó lo que les pasó siendo niños, niñas o adolescentes”, explica la comisionada Britto y agrega que , a nivel metodológico, se buscó que “a partir incluso de que hablaran con nosotros, la gente pudiera tener la posibilidad de empezar a tramitar lo que les pasó, cuidando de no dejar heridas abiertas”.

Y sobre los hallazgos con respecto al reclutamiento de menores, dice que “es un fenómeno del que no tenemos una real comprensión en el país. Para empezar, no era un delito durante las primeras décadas del conflicto. Entonces, cuando se llevaban a un niño o a una niña a la guerra, la familia lo máximo que podía hacer era denunciar una desaparición o un secuestro y en muchos casos, si eran zonas muy remotas o comunidades indígenas que no estaban tan articuladas a la dinámica institucional, pues son historias que no se registraron. Solo hacia finales de los 90, cuando el país asume este reclutamiento como un delito, es que se empieza a hacer una especie de contabilidad”.

De acuerdo con lo informado por la Comisión de la Verdad, el 36 % de los menores de edad fueron rescatados o recuperados de su reclutamiento, que fue la segunda modalidad de salida, después de la fuga; esta última sin un porcentaje claro.

También encontró que esa práctica no era fortuita, sino una violencia intencional y que casi la mitad de los reclutados eran menores de 15 años de edad.

De igual forma, “se afirma que no siempre el afrontamiento y la resistencia es igual, hay víctimas que se volvieron líderes y defensores de Derechos Humanos, pero hay personas que quedaron desgarradas y sufrieron consecuencias físicas y psicológicas irreversibles”, continúa el comunicado.

Siguiendo con los objetivos de esta investigación, la comisionada Britto asegura: “Pensamos que las siguientes generaciones sin duda tendrán que abrazar la bandera de la paz y tienen por eso que conocer el conflicto, lo que pasó, pero también formarse en la posibilidad de un futuro más promisorio, que el Estado sea más contundente en la respuesta a la violencia que viven los niños y las niñas, pero sobre todo que los proteja, previniéndola”.

Y otra de las conclusiones a las que llegaron los investigadores a cargo del capítulo ‘No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado’ es que “los factores de riesgo de reclutamiento persisten”.

“Tristemente nos encontramos con que el documento presentado de manera vasta y minuciosa, mediante más de 30 mil testimonios de víctimas y actores de la guerra recogidos en los territorios durante más de tres años, va acompañado de una exposición fotográfica denominada Conflicto y Paz, que no tuvo una convocatoria abierta y una búsqueda incluyente e histórica de fotógrafos e imágenes vitales del conflicto armado en Colombia, tanto por la importancia de los sucesos históricos como por la resolución fotográfica de las mismas”.

Así reza la carta que 60 reporteros gráficos de distintos medios de comunicación y regiones del país le enviaron de manera pública al padre Francisco de Roux, en su calidad de presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

“Consideramos que la columna vertebral del informe presentado de manera magistral y descarnada... debe ser acompañada por fotos igualmente explícitas y sin ambages de lo que fue el conflicto, en especial en las décadas de los años 80 y 90 hasta 2010. Sin embargo, vemos que, excepto trabajos como los de Natalia Botero, Stephen Ferry y Jesús Abad Colorado, el grueso de la exposición adolece de valiosísimas imágenes de la generación de fotógrafos que arriesgamos muchas veces la vida al cubrir sucesos de gran dificultad cuando el conflicto era de alta intensidad y que forman parte sustancial del informe”, agregan.