La alerta de Fecode que pone en riesgo la salud de los maestros y que involucra directamente al Gobierno Petro

Luego de que se conociera una carta del magisterio en la que se pide que no se suspenda el trámite de contratación de quienes prestarán los servicios de salud del régimen excepcional de los maestros. La relación entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, presenta una nueva brecha.

De acuerdo con el documento, la licitación fue frenada por el Gobierno Nacional y los maestros pidieron que se contrate los más pronto posible, antes de que acabe mes, fecha límite de la última prórroga que se hizo al último contrato, para que no se incurriera en sobrecostos por la demora.

“Responsabilizamos a la Fiduprevisora, al ‘gobierno del cambio’ y al fideicomitente de atentar contra la vida de los maestros, maestras y sus familias y en particular con los pacientes catastróficos y de alta complejidad”, se lee en la misiva.

Así entonces, los educadores colombianos temen porque se ponga en riesgo el patrimonio del Fomag, ante la amenaza de posibles demandas que causarían un “incalculable detrimento patrimonial”. Tal y como paso con la licitación de pasaportes y los servicios tecnológicos del Sena.

Asimismo, están en alerta por si el Gobierno quiera reformar su régimen excepcional, logrado a través de la Ley 91 de 1989. Cabe mencionar, que al parecer, Petro tendría intenciones de cambiar el Fomag, que se encarga de tramitar la pensión, cesantías y la salud de los docentes. Esto con el fin que sean otras entidades las que se encarguen del tema.

También se conoció que Gobierno habría frenado el trámite de sospechas de corrupción, por lo que el magisterio teme que haya un revolcón en su sistema.

Pese a estas peticiones del magisterio, el pasado jueves 12 de octubre, la Fiduprevisora, entidad que contrata los servicios, hizo una adenda, lo que retrasa más el proceso y aumenta la incertidumbre en los afectados, ya que no se tendrá contratado el nuevo proveedor el 1 de noviembre.

En términos económicos, se habla de un contrato de 13,4 billones de pesos, que serían destinados para “contratar entidades que garanticen la prestación de los servicios de salud del modelo de atención integral”. Dinero que aplica en 10 regiones preestablecidas por el Fomag, que brindan servicio a los maestros en todo el territorio nacional.

Cabe señalar, que inicialmente, para el 17 de octubre, la Fiduprevisora tenía prevista la audiencia pública de adjudicación, en días posteriores la suscripción del contrato y antes del 31 de octubre el proceso de empalme, entrega de pacientes, adaptación y la puesta en marcha del nuevo contrato.

No obstante, la dilatación de este proceso ha sido evidentes, pues desde que fue anunciado el pasado mes de mayo, se publicaron ocho adendas al cronograma. La más reciente, el pasado jueves, con la que buscan suscribir el contrato, tras el fin de la prórroga de los servicios actuales.

“Así las cosas, en virtud de que actualmente se encuentra a la espera de citación del Consejo Directivo del Fomag para la presentación del informe final de habilitación y las respuestas a las observaciones al informe preliminar publicado en Secop II, se requiere modificar el cronograma actual en el marco del cumplimiento de los principios de la contratación y del régimen especial de contratación que adelanta la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora de los recursos del Fomag”, se lee en la adenda.

En ese orden de ideas, el informe definitivo de calificación quedó para el 30 de octubre y la audiencia pública de adjudicación se retrasó al 1 de noviembre. Para el 2 se suscribirá el contrato y para los días 3 y 7 del mismo mes, se llevará a cabo la entrega de pacientes y empalme, dando por iniciado el contrato.

Es de subrayar, que ante este panorama, el magisterio correría el riesgo de quedarse sin servicio, en caso de que se cancele el proceso y, en caso de ser adjudicado, quedarían sin cobertura por varios días.

De ser así, se recurría a la urgencia manifiesta y los oponentes tendría la posibilidad de demandar, si es que han cumplido con todos los requerimientos para celebrar el contrato.