Gobierno Petro está en deuda con respecto a su promesa de luchar contra la corrupción: Transparencia por Colombia

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta desafíos importantes en su segundo año en materia anticorrupción. Resulta prioritario restaurar la confianza afectada por los escándalos de presuntas irregularidades en su campaña, fortalecer el liderazgo ético desde el alto Gobierno y consolidar los avances legislativos con una implementación efectiva”.

Así reflexiona Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, alrededor de lo que debería venir durante el segundo año del actual Ejecutivo, a partir del balance hecho por ese organismo en materia de lucha contra el flagelo de la corrupción.

En dicho informe se reconocen avances del Gobierno en materia legislativa para combatir la corrupción, por ejemplo porque en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó “una estrategia nacional de lucha contra la corrupción con enfoque en Derechos Humanos, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial con presupuesto asignado y medidas de transparencia en los sectores ambiental y de defensa”, así como la aprobación de una reforma al proceso de toma de decisiones del Ocad Paz, que “tiene un alto potencial de impacto para enfrentar riesgos de corrupción en materia de construcción de paz”.

Sin embargo, el estudio de Transparencia por Colombia identificó cuatro barreras que han dificultado que el Gobierno Nacional haya logrado mayores avances en esa materia, pese a que el Mandatario “planteó durante su campaña luchar frontalmente contra estructuras poderosas de corrupción”.

En primer lugar, “la falta de una apuesta anticorrupción clara y consistente en algunas de las grandes reformas propuestas por el Gobierno, como la reforma a la salud y la política” y, en segundo lugar, “la baja prioridad que la anticorrupción ha tenido en la agenda del Alto Gobierno, evidenciada por la pérdida de visibilidad del tema ante problemas como el desempleo y la economía, así como la falta de capacidad suficiente en la Secretaría de Transparencia de Presidencia, que sigue siendo una instancia débil en recursos técnicos, humanos y presupuestales frente a las amplias tareas que la ley le asigna”.

“Durante los últimos doce meses la acción de esa Secretaría se ha visto dispersa en varias iniciativas, y aún debe abordar tareas cruciales como establecer las líneas para empezar a definir la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Aunado a lo anterior, sigue haciendo falta una revisión de fondo al diseño institucional necesario para luchar contra la corrupción, el cual debería estar conformado por instituciones con mayores capacidades en monitoreo, control y sanción de la corrupción, así como en la reparación de los daños causados por este fenómeno”, reseña puntualmente el informe de la organización sobre esa dependencia del Ejecutivo.

De igual forma, la entidad determinó como tercera barrera para que la Administración Petro sea más efectiva contra la corrupción que “es necesario que se ejerza un liderazgo ético más firme desde el Alto Gobierno, afectado por escándalos que involucran a círculos cercanos al Presidente, y situaciones que ha enfrentado algunos miembros del Gobierno Nacional que ponen en entredicho su credibilidad”.

Y la última barrera identificada por el organismo se relaciona con los enfrentamientos que el Mandatario colombiano “ha tenido con instancias institucionales y ciudadanas que hacen parte del sistema de pesos y contrapesos del país: el ‘choque de trenes’ entre el presidente de la República y el Fiscal General de la Nación y, recientemente, la Procuradora General de la Nación, y las posibles afectaciones a la libertad de expresión derivadas de las manifestaciones públicas del jefe de Estado, respecto a la neutralidad de algunos medios de comunicación”.

A partir de ese diagnóstico, Transparencia por Colombia se propone una serie de acciones que permitan avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción desde el Ejecutivo.

“Primero, es fundamental restaurar la confianza que se ha visto afectada debido a los escándalos. El liderazgo ético debe ser prioritario. Segundo, es necesario que el presidente Petro lidere la formulación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Y, tercero, el Gobierno debe implementar en el corto plazo medidas transversales y sectoriales, como acceso a información pública, reglamentación de la Ley 2195 de 2022, protección a denunciantes y garantías de participación ciudadana”, puntualiza Transparencia por Colombia.

El organismo recordó que la tarea de luchar contra la corrupción está pendiente de gobiernos atrás, ya que el Índice de Percepción de Corrupción 2022 de Transparencia Internacional reiteró la calificación negativa que Colombia ha recibido “de manera persistente a lo largo de una década sobre la afectación que la corrupción genera en el sector público, y que evidencian un estancamiento en la materia”.