Estados Unidos impondría requisitos para extender la Misión de Verificación de la ONU

Ante las tensiones diplomáticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el país norteamericano podría ejercer su derecho al veto para impedir la prórroga de la Misión de Verificación de la ONU, que vigila el Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Según reveló Blu Radio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas continúa buscando un consenso para prorrogar la Misión de Verificación, cuyo mandato vence este viernes 31 de octubre.

Esta versión indica que 14 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad respaldan la continuidad de la misión por un año más. Sin embargo, Estados Unidos mantiene reparos debido a la crisis diplomática de las últimas semanas entre Bogotá y Washington.

La Administración Trump, al parecer, indicó que apoyaría la prórroga, siempre y cuando se excluya la verificación del cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, tanto para los exintegrantes del Secretariado de las Farc como para los miembros de la Fuerza Pública sancionados. De igual manera, Estados Unidos habría condicionado la prórroga al retiro del seguimiento al componente étnico del Acuerdo Final de Paz.

La sesión decisiva está prevista para la tarde de este viernes 31 de octubre. Sin embargo, la canciller Rosa Villavicencio y el viceministro Mauricio Jaramillo no asistirán, y la única representación de Colombia sería la embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas quedó establecida en el Acuerdo de Paz pactado con las extintas Farc en el año 2016. Desde entonces, ha acompañado los procesos de reincorporación de unos 12.000 exmilitantes de la guerrilla.

Cabe recordar que en las últimas semanas Trump retiró la certificación de Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas, revocó la visa de Petro e impuso sanciones financieras contra el presidente, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El mandatario colombiano sostiene que el informe de 2023 de la ONU tenía errores metodológicos, pues contemplaba miles de hectáreas de coca abandonadas y que no están siendo utilizadas.

En medio de la presión de Washington, Naciones Unidas le propuso a su gobierno implementar una nueva estrategia de medición “para tener un panorama más preciso”, al reconocer que sus datos eran “limitados”.

Petro anticipó que unas 80.000 hectáreas que aparecerán en el informe de 2024 “están abandonadas hace más de tres años” y 22.000 están en proceso de ser removidas como parte de un programa de sustitución de cultivos.