El 15 de febrero se iniciará el juicio contra el canciller Álvaro Leyva

Para el próximo 15 de febrero quedó fijado el inicio del juicio verbal contra el canciller Álvaro Leyva por el caso de la licitación para la elaboración de los pasaportes en el país, anunció ayer la Procuraduría General.

La determinación fue tomada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento del Ministerio Público, que señaló que ese día el Ministro de Relaciones Exteriores “tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”.

Como se sabe, el pasado 24 de enero la Procuraduría llamó a Leyva a juicio disciplinario, al tiempo que lo suspendió del cargo por tres meses, por las posibles irregularidades que se presentaron al declarar desierta la licitación de pasaportes, pese a que había un proponente que cumplía con todos los requisitos exigidos, y decretar la urgencia manifiesta en el desarrollo del trámite contractual sin demostrar las razones para hacerlo.

El Ministerio Público también precisó que, frente a la consulta hecha por la suspensión provisional del Canciller, esta “debe ser resuelta por el despacho de la Procuradora General de la Nación, trámite este totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento” del mismo órgano de control.

De su lado, el jueves el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, manifestó que la actitud del presidente Gustavo Petro y de Leyva, de no acatar la decisión de la suspensión emanada del Ministerio Público, atenta “contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley” y es “un nefasto precedente, que pone en riesgo la estabilidad institucional”.

Su pronunciamiento aludía a que la medida se ha tomado, según el ente de control, para evitar una “posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen” al Ministro de Relaciones Exteriores y, sin embargo, nueve días después, aun habiendo recibido la Casa de Nariño la debida notificación, la misma no había sido acatada ni por el Primer Mandatario ni por el alto funcionario.

Incluso, se denunció que Leyva continuaba ejerciendo su cargo, como lo evidenciaban varios documentos oficiales de la Cancillería colombiana que habían sido firmados por él durante esta última semana.

Entre ellos se cuentan doce decretos de nombramiento de cónsules y una respuesta al representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático Edinson Vladimir Olaya frente a la polémica licitación de pasaportes y el altercado que derivó en la salida de la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.

Sin embargo, el jueves también se conoció que la defensa del titular de la cartera de Relaciones Exteriores le solicitó a la procuradora general, Margarita Cabello, que se declare impedida para revisar la suspensión provisional de Leyva, debido a las manifestaciones realizadas públicamente por la funcionaria sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción.

Asimismo, manifestó que esa medida no podía haber sido tomada por el Ministerio Público sin antes haber escuchado al funcionario cuestionado y haberle garantizado su derecho de defensa y contradicción.

“Toda actuación administrativa deberá ser resultado de un proceso en el que la persona tuvo oportunidad de expresar sus opiniones, y mi mandante nunca tuvo aquella opción, por lo menos de forma real y efectiva”, se lee en un documento firmado por el abogado Yefferson Dueñas, apoderado de Álvaro Leyva Durán.

“Los actos administrativos que dicte un funcionario que esté suspendido carecen de plena validez jurídica, por cuanto ya no tiene competencia para así hacerlo. Es más, esos actos pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y seguro se afectarían mediante la figura de la suspensión provisional que les quita automáticamente cualquier vigencia hacia el futuro”, explicó, entre tanto, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia.