Ejército tendría que cuidar a los que antes enfrentaba, según nuevas directivas en el marco de los diálogos con disidencias de las Farc

En el marco de los diálogos de paz que inició el Gobierno Petro con las disidencias de las Farc, autodenominadas Estado Mayor Central de las Farc-EP, se estableció un cese al fuego bilateral que empezó este martes, 17 de octubre, y se alargará hasta el 15 de enero de 2024.

Dentro de esta coyuntura, el Gobierno ha definido algunos lineamientos de cómo tendría que proceder el Ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas. Según un documento de 32 páginas revelado por la Revista Semana, el mismo comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, lo habría dictado.

En este documento se definió que las nuevas funciones de las Fuerzas Militares serían, en términos generales, cuidar y mantener a salvo de cualquier riesgo a miembros de las Farc-EP.

Una de las instrucciones que se pueden leer en el documento, se refiera a “no restringir el flujo y suministro normal de víveres y medicamentos destinados a las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc-EP”. Con esto buscarían mantener las condiciones de alimentación y salud de los subversivos, una orden nunca conocida antes entre las Fuerzas Armadas, y que desde ya empieza a generar polémica en la opinión pública.

El documento, atribuido al comandante general Giraldo Bonilla, ordena que se deben “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP que hacen parte del ‘Acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese al fuego bilateral’”. En este sentido, aunque no queda claro, se aclararía que solo aquellos miembros de la mesa de diálogos de Paz recibirían este trato ‘especial’.

Sin duda el documento ya está generando confusiones respecto a sus funciones y actividades regulares para los diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente en las zonas convulsas del país, donde se desarrollan las economías ilegales como minería y narcotráfico, y se mueven narcóticos en rutas, en todo lo cual están vinculadas diferentes organizaciones criminales. La pregunta que surge es si se detendrán los operativos militares.

En el mismo documento, después de plantear la protección de los miembros de las disidencias de las FARC, luego se proceda a afirmar que “se debe continuar con las operaciones militares en todo el territorio nacional contra la Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Coordinadora Guerrillera del Pacífico y Comandos de Frontera”. ¿Quedarían por fuera las Disidencias de alias Iván Mordisco o estas se incluyen en las mismas de la Segunda Marquetalia?

Para algunos sectores de la opinión pública, estos lineamientos podrían inducir a una contradicción en la razón de ser de las Fuerzas Armadas, ya que abren la posibilidad de que incumplan su mandato constitucional, que es proteger a los colombianos.

Cabe recordar lo que señala el texto constitucional, que “la inacción de las Fuerzas Militares puede implicar el incumplimiento de su misión constitucional y de las obligaciones derivadas de su posición de garante, que devienen de los fines esenciales del Estado”.

El nuevo comandante de las Fuerzas Armadas

Helder Fernán Giraldo Bonilla asumió su cargo en agosto, después del gran cambio en la cúpula militar adelantado por el Gobierno Petro, en el que salieron más de 40 generales. Giraldo Bonilla ha asegurado que la Fuerza Pública está comprometida con la aplicación del concepto de seguridad humana, propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Frente a la decisión anunciada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos en los que puedan resultar afectados menores de edad o miembros de la población civil, el nuevo comandante dijo que revisaría los protocolos para, a la luz de la Constitución, privilegiar la protección de la vida.

También aseguró que, a pesar de que se van a continuar adelantando operaciones contra el narcotráfico, estas se van a coordinar con otras entidades del Estado para garantizar el bienestar social de las comunidades.