Defensa del presidente Petro pide nulidad de pruebas en la investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral

El presidente Gustavo Petro pidió al Consejo Nacional Electoral anular el proceso que se sigue en su contra por la supuesta financiación irregular de su campaña a la presidencia. Lo hizo a través de su abogado defensor, Héctor Carvajal, quien argumentó que las pruebas que existen dentro del proceso están viciadas.

“Solicito decretar la nulidad de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas, toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso-administrativo”, señala el abobado en el documento presentado al CNE.

El abogado también argumenta que no hay mérito para la formulación de cargos contra el mandatario de los colombianos: “Por cuanto no existe ninguna norma internacional, constitucional o de orden legal, que le permita al Consejo Nacional Electoral, investigar y juzgar al Señor Presidente de la República frente a denuncias por violación de topes y financiamiento irregular de la campaña”.

La solicitud se conoce días después de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron una ponencia para que sea estudiada por la sala plena con el fin que la misma decida abrir pliego de cargos en su contra y sobre altos funcionarios de la campaña presidencial comenzado por el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la misma. Junto a Roa, se solicita que los cargos comprometan también a quienes actuaron como los auditores de la campaña, María Lucy Sotto y Juan Carlos Lemus, como auditores.

Ortiz y Prada señalan en la ponencia que para la primera vuelta pudieron evidenciar, en las distintas pruebas que se volaron los topes en $3.709 millones, mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, de acuerdo a lo que se indica en la ponencia.

Entre las cuentas, que para los magistrados se volaron, están el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode; un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por $500 millones, al igual que los $931 millones con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros $356 millones que fue dinero de la propaganda electoral.

*Con información de Colprensa.