Congresistas mantendrán salario de más de $50 millones tras decisión del Consejo de Estado

Antes del relevo del Congreso el próximo 20 de julio, una decisión del Consejo de Estado cambió el panorama sobre la remuneración que recibirán los nuevos senadores y representantes en Colombia.

Y es que, aunque el Gobierno nacional había expedido un decreto para eliminar la prima especial de servicios y reducir el salario de los legisladores que asumieran desde esa fecha, la medida fue suspendida de manera provisional por el alto tribunal, por lo que los congresistas conservarán el esquema salarial vigente mientras se resuelve el proceso judicial.

Así, la suspensión implica que quienes se posesionen en el nuevo periodo legislativo sigan recibiendo un salario cercano a los 55,1 millones de pesos mensuales, que incluye la prima especial de servicios.

Según el Gobierno, de haberse aplicado el decreto, el pago para la bancada habría descendido a alrededor de 37 millones de pesos, mientras que el ingreso neto, después de los descuentos de ley, habría pasado de aproximadamente 32,8 millones a 22 millones de pesos.

Cabe decir que, el decreto expedido por el Gobierno buscaba eliminar la prima especial de servicios, un componente salarial creado en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos mediante el Decreto 2170.

Esa prima reemplazó en su momento otros beneficios relacionados con localización, vivienda y salud, y además se convirtió en un factor para liquidar la prima de servicios y la prima de Navidad de los congresistas.

Por ello, en el Decreto 0030 de 2026, el Gobierno argumentó que la modificación respondía a criterios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad.

De hecho, fue el propio presidente Gustavo Petro quien sostuvo que el salario de los congresistas resultaba desproporcionado frente al ingreso promedio de los colombianos.

Así, y de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, de haberse aprobado el decreto, la eliminación de la prima especial habría generado un ahorro cercano a 62.000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas.

Dicha iniciativa también retomaba una discusión que durante años llegó al Congreso mediante cerca de 20 proyectos de ley orientados a reducir el salario de los legisladores, aunque ninguno prosperó.

Sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto mientras estudia las demandas presentadas contra la norma.

Entre los argumentos expuestos por los demandantes se encuentra que el Gobierno no tendría competencia para modificar ese componente del régimen salarial y que la decisión podría afectar los ingresos de otros altos funcionarios del Estado cuyos salarios están ligados a los de los congresistas.

Por ahora, la decisión cautelar mantiene vigente la prima especial de servicios, por lo que los congresistas que se posesionen el 20 de julio continuarán recibiendo la remuneración actual hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto.

El Gobierno también aclaró que esta prima especial es distinta de la prima de servicios que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente conforme a la legislación laboral.