Centro Democrático alertó graves riesgos con la “estatización a la fuerza” del sistema de salud

Congresistas como Paloma Valencia han manifestado en horas recientes que las intervenciones a las EPS hacen parte de la estrategia del Gobierno para lograr los cambios que desean para el sector de la salud. Su partido, el Centro Democrático, emitió una carta este jueves 4 de abril advirtiendo sobre los graves riesgos que habría si se concreta una “estatización a la fuerza” del sistema.

La colectividad enlistó diez razones, la primera de las cuales sostiene que la intervención estatal debe ser una medida tomada en última instancia, luego de que se ha decidido liquidar a una aseguradora, pero no como una estrategia para entrar a administrar desde el Estado.

“Nos preocupa que las intervenciones realizadas a las EPS sean inoportunas y desproporcionadas. Se evidencia en los actos de intervención que la Superintendencia Nacional de Salud no respetó el debido proceso antes de intervenir, pudiendo agotar medidas previas como planes de mejoramiento, vigilancia especial, entre otras”, señala el documento del CD.

Asimismo, aprovecharon para recordar la suerte que han corrido las EPS que ya han sido intervenidas, debido a que con la injerencia estatal no lograron revertirse los indicadores negativos que llevaron a esas instituciones a ser tomadas de manera extraordinaria.

Lo anterior es lo que se teme de puertas para adentro, pero también hay zozobra por lo que pueda ocurrir hacia afuera, ya que las aseguradoras intervenidas, al pasar a manos del Estado, es la Supersalud la que se hace responsable de hacer los pagos a las clínicas y hospitales por la atención a los afiliados.

En el pasado, la Superintendencia ha demostrado incapacidad de transferir esos recursos con prontitud. “El problema es de suficiencia de recursos en el sistema de salud es de caja (liquidez), no de modelo. Las actuaciones del gobierno, más políticas que administrativas, generan pánico y nerviosismo entre los diferentes actores y proveedores del sistema, especialmente, por la incertidumbre frente a sus pagos que dependerán de un agente interventor que poco o nada podrá hacer para mejorar la operación”, sostiene el partido de oposición.

También señalaron que los daños causados por las intervenciones del Gobierno Petro, y de la forma en que fueron realizadas, pueden generar daños irreparables e irreversibles, poniendo en peligro el aseguramiento y el acceso al derecho fundamental a la salud de “más de 25 millones de colombianos”.

Todo esto surge debido a la extraña sincronía -y cuestionable por demás- que se ha presentado con las decisiones por parte del Gobierno Nacional sobre el sector salud. Este martes, 2 de abril, se anunció la intervención a la EPS Sanitas, con casi 6 millones de usuarios en todo el país.

24 horas después, y sin salir del asombro, la sociedad civil recibió la noticia de que se intervendría también a la Nueva EPS, con casi 11 millones de personas afiliadas en el territorio nacional.

Como si se tratara de un juego de ajedrez, diferentes sectores políticos y sociales han cuestionado que estas determinaciones se tomaron justo cuando se conocía que la reforma a la Salud de Petro, que cursaba en la Comisión Séptima del Senado, se archivaría.

De hecho, justo cuando la Superintendencia Nacional de Salud anunciaba la intervención a la Nueva EPS, en la Comisión del Congreso se preparaban para contabilizar los votos que hundirían el proyecto.