Consejo de Estado anula sanción que inhabilitó al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía por 10 años

El Consejo de Estado anuló la sanción con la que la Procuraduría General de la Nación inhabilitaba al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por 10 años. Según un documento que salió a la luz este lunes 14 de agosto, el alto tribunal revocó la decisión que el organismo de control tomó en 2015.

De acuerdo con el documento con fecha del pasado 27 de julio, para el Consejo de Estado la destitución e inhabilidad general impuesta al funcionario elegido por voto público habría sido ilegal. La sanción de la Procuraduría estaba relacionada con un contrato de prestación de servicios de salud que Abadía suscribió en la Secretaría de Salud Departamental el 25 de marzo de 2010.

Aunque en su momento, el polémico exgobernador apeló la decisión, en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la demanda. El Consejo de Estado, por su parte, estudió el caso y determinó la falta de competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos de elección popular.

Por alto, el fallo del alto tribunal, en primer lugar, revocó la sentencia del 15 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo del Valle que “negó las pretensiones de la demanda del exmandatario departamental”. Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Estado declaró nulas “las actuaciones disciplinarias del 24 de febrero de 2015 y del 29 de septiembre de 2016″, con las que la Procuraduría destituyó e inhabilitó al funcionario por diez años.

En el documento, el Consejo de Estado también ordena a la Procuraduría General de la Nación “la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al señor Juan Carlos Abadía, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad”, es decir, el organismo de control tendría que borrar el expediente negativo del exgobernador.

La sanción de la Procuraduría en contra de Juan Carlos Abadía estaba relacionada con irregularidades en la selección, trámite y suscripción del contrato de prestación de servicio n° 365 del 25 de marzo de 2010 celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la firma Eduardo Bolaños IPS Ltda.

La polémica se generó porque la contratación se realizó de manera directa, sin agotar el procedimiento y los requisitos establecidos para este tipo de procesos. El fallo advertía que Abadía no podía apartarse de su responsabilidad en la selección objetiva del contratista.

“Es claro que el disciplinado tuvo un conocimiento del hecho, ya que participó en la elaboración e implementación del manual de contratación del Departamento del Valle del Cauca, adoptado mediante el Decreto No. 0926 del 4 de septiembre de 2008, dado que fue él cómo Gobernador quien lo expidió e implementó”, señaló la entidad en su momento.

El exgobernador del Valle ha estado inmerso en diferentes escándalos. De hecho, el pasado 28 de julio, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por el presunto pago de un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

La acusación fue avalada por el Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá, ya que Abadía estuvo vinculado a la investigación penal por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ en junio de 2022. Varios testigos lo habrían señalado como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.

De acuerdo con los elementos probatorios, el exjefe departamental, le habría entregado $400 millones a Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción en 2014. Luego, este dinero fue redireccionado al exmagistrado, Francisco Ricaurte, quien hoy enfrenta una condena.

Abadía habría contratado a Moreno Rivera, para que llevara su caso en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El motivo: presuntas irregularidades en un un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.