“Acuerdos no hablan sobre la libertad de los secuestrados”: analistas sobre suspensión de retenciones por parte del ELN

“Los acuerdos guardan silencio sobre la libertad de los secuestrados en poder del ELN, no es suficiente con el compromiso de aportar información porque eso se reducirá a suministrar pruebas de supervivencia, pero no a acortar el cautiverio o a que se produzcan las liberaciones”.

Así analiza el excomandante del ELN y actual promotor de paz Carlos Velandia el anuncio de las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, al cierre del quinto ciclo de negociaciones, sobre la suspensión de las retenciones con fines extorsivos, que iniciaría el 30 de enero del 2024.

Para él, el punto sobre el futuro de los secuestrados debió cubrirse antes de que inicie el sexto ciclo en La Habana el próximo 22 de enero “para no cargar a Cuba con situaciones ignominiosas, como la ocurrida con el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en el 2019″.

De acuerdo con él, el analista en temas de paz y conflicto Diego Arias menciona que quedan además muchos ‘espacios en blanco’ que no son solventados en el convenio.

“¿Va a haber algún esfuerzo humanitario para saber en qué condiciones están las personas que tienen en su poder o habrá un esfuerzo para lograr su liberación? El secuestro, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, se proscribe también para otro tipo de prácticas, porque, por ejemplo, si el ELN decide secuestrar a un alcalde para hacerle un juicio político, ¿eso sería aceptable en el marco de una negociación?”, anota.

Agrega que “hay un punto del comunicado que habla de crear las condiciones para el apoyo financiero para el esfuerzo de paz dentro del que está que se debe sostener a esa organización, pero para propósitos de la mesa, no para su esfuerzo de guerra; sin embargo, esto debe ser aclarado”.

De otro lado, sobre la fecha en la que iniciaría la prórroga, según lo acordado, Velandia explica que estaría atada al nuevo cese al fuego bilateral que pactaron las partes en el tercer ciclo de diálogos y advierte que antes de que inicie ese periodo deberán discutir cómo se va a financiar la organización, ya que ha sido un punto de choque entre las delegaciones.

Lo anterior, para los analistas, quiere decir que se empiezan a verse señales de un cambio de postura por parte del ELN que en su momento justificó la comisión de esos delitos como una necesidad para la financiación de su rebelión.

De hecho, hace unos días el jefe de la delegación del grupo armado, ‘Pablo Beltrán’, indicó en su cuenta de X que suspender las “retenciones era debilitar al grupo armado”.

Al respecto, Arias comenta que “hay un enorme avance en que el ELN haya sido explícito en comprometerse a la suspensión de la práctica del secuestro extorsivo, lo cual es un gran logro si se miran los antecedentes y la manera casi altisonante como esa guerrilla defendía que lo iba a seguir haciendo si no se garantizaba su sostenimiento”.

“Es una buena noticia que tranquiliza a la sociedad. Además, los mecanismos de verificación y monitoreo del cese al fuego, en la medida en que se robustezcan, pueden darle garantías al país de que esta guerrilla sí va a cumplir con su palabra”, añade.

No obstante, reitera que aún falta mucha información sobre los puntos que tendrá el acuerdo respecto a cómo va a sostenerse ese grupo ilegal durante el proceso de paz, además de otros interrogantes relacionados con los secuestros políticos.

Las cifras

La semana pasada la Defensoría del Pueblo alertó que, hasta la fecha, se había identificado más de 90 personas secuestradas a manos de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN, cifra con la que le solicitó al Gobierno no aceptar esas prácticas durante las negociaciones con esas guerrillas.

En ese sentido, Carlos Velandia señala que “se cree que el ELN tendría más o menos el 11 % de esos 90, es decir que podrían ser unas 14 o 15 personas, según esa información preliminar, pero hasta el momento esa organización no se ha pronunciado sobre los acuerdos que se firmaron”.

A su vez, Arias plantea que “hay divergencia en las cifras presentadas por la Defensoría, porque, según la Fuerza Pública, hay 35 personas privadas de la libertad, es decir, casi la mitad de lo que advierte, pero, incluso, de ser así, hay una gran cantidad de colombianos por los que hay que seguir reclamando su pronta libertad”.