Promesa incumplida

El lote abandonado en el centro de Cali es la prueba de cómo el Gobierno Nacional y la Fiscalía General le incumplieron a la ciudad.

Hace diez años la Administración Municipal honró su compromiso de ceder el terreno para que ahí se construyera la sede del ente investigador, y desde entonces sólo existe la promesa quebrantada.

Una década, y ocho fiscales generales después, ni siquiera se ha conseguido el dinero para empezar la construcción, e ideas como la de acudir a la figura de la Asociación Público Privada han fracasado.

El resultado es que en la capital del Valle la Fiscalía sigue desperdigada, funciona en lugares que no son los ideales para su labor, como quedó en evidencia cuando explotó la sede donde se guardaba material explosivo incautado, y no les brinda a los ciudadanos la atención en las condiciones a las que tienen derecho.

Frente al incumplimiento, el Municipio está en su derecho de exigir que se le reintegre el terreno que cedió.

Pero lo que no puede pasar es que se deje a Cali sin la sede prometida.

Que se pongan de acuerdo los gobiernos Nacional, de Cali y del Valle, para definir cómo más se puede hacer realidad una obra que requiere el suroccidente colombiano.

Pero que no se olvide que la responsabilidad de brindar una administración de Justicia oportuna e idónea es responsabilidad en primer lugar de la Nación y, en este caso, de la Fiscalía General.