Paz para Buenaventura

Las comunidades en la zona rural de Buenaventura reclaman al Gobierno Nacional condiciones para vivir pacíficamente en sus territorios, pues llevan años siendo víctimas de los grupos armados ilegales asentados en la zona.

Pese a su anhelo de tranquilidad, desde hace dos años 2500 ciudadanos del principal puerto del Pacífico colombiano han sido víctimas del confinamiento o del desplazamiento de sus territorios a causa de la violencia, las alteraciones del orden público, las intimidaciones y amenazas.

Por eso, un millar de personas que conforman nueve comunidades afrodescendientes han bloqueado la vía de ingreso a la ciudad, lo que ha generado la parálisis del transporte de carga hacia y desde el puerto y la suspensión del tránsito de pasajeros, con las consecuencias económicas que conlleva.

Las manifestaciones, transcurridas de manera pacífica, tienen como propósito solicitar al gobierno medidas de seguridad y garantías para permanecer en su territorio.

Si bien las vías de hecho no son la forma de reclamar la atención del Gobierno, se debe escuchar el anhelo de los ciudadanos para que la región salga del olvido, mejoren sus condiciones de vida y, que las promesas de ‘paz total’ se conviertan en una realidad para ellos.

La obligación del Estado es proteger y defender a la población civil y combatir a los grupos violentos asentados en este punto del país, que amedrentan a la población e intentan imponer su ley.