No al abuso

Hace un año a los habitantes de los corregimientos de Felidia, La Leonera y El Saladito les costaba $2800 ir a Cali en transporte público.

En octubre del 2020, entendiendo la crisis que se había presentado por la prolongada cuarentena debido al Covid-19, aceptaron que el pasaje
subiera a $3100.

Ahora rechazan que para este año les hayan incrementado la tarifa en un 45,5% y que por un solo viaje tengan que pagar $4500.

Con razón protestan porque tal alza significa un medida onerosa e injustificada.

Y a ello se suma el mal estado de la carretera y el servicio deficiente que prestan los transportadores, con incumplimientos en los horarios o vehículos en regulares condiciones.

Frente a esas denuncias se requiere de la intervención de la Secretaría de Movilidad de Cali y del Ministerio del Transporte.

Son estas dos autoridades, encargadas de vigilar y regular la prestación del servicio de transporte las que deben darles soluciones a los habitantes de la zona rural de la capital del Valle, y evitar que se presenten alzas abusivas como las que se denuncian.

Ni la pandemia, ni las restricciones para evitar su propagación, como tampoco los inconvenientes que pudieron generar para las empresas, pueden ser la excusa para aumentar los precios del transporte público en los corregimientos de Cali.