Las rumbas callejeras

Las ciudades deben tener un orden para que funcionen, mantengan la convivencia y de paso aseguren el bienestar y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Así es como se hace en la mayor parte del mundo, donde los Estados expiden reglamentaciones y normas para garantizar esos principios.

En eso debería pensar el gobierno de Cali al autorizar las fiestas callejeras con el pretexto de convertir la ciudad en “capital de expresiones espontáneas en el espacio público”, como lo argumentó el Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control municipal.

Si bien la capital del Valle es una ciudad que se caracteriza por su alegría a través del baile, permitir que sus calles se cierren cada vez que alguien quiera hacer una rumba u otra actividad similar es abrirle el paso al caos y a los excesos.

Disposiciones como la que se pretende establecer no tienen en cuenta aspectos como la interrupción de la tranquilidad de los vecinos o la incomodidad para los demás ciudadanos.

Tampoco en los gastos que generará disponer de la Policía Metropolitana, los organismos de seguridad y los de prevención local, que se deberán encargar de la vigilancia y el cumplimiento de disposiciones.

Y de paso se les genera una competencia desleal a los establecimientos que pagan impuestos, cumplen las normas y han desarrollado una industria en torno a la diversión nocturna.