La desidia oficial

Son $794.203 millones, cifra similar a la que los caleños pagan por las 21 megaobras, el monto de las infracciones de tránsito cometidas en Cali y no pagadas desde el 2017.

Y la suma crece porque del total de las multas que se imponen cada año apenas se recauda el 46%, pues el municipio es incapaz de cobrar lo que le deben.

A los infractores que violan las normas, circulan sin seguro obligatorio, y cometen toda clase de infracciones o causan accidentes no les preocupa ponerse al día.

Son miles los que prefieren abandonar sus vehículos en los patios de tránsito para no pagar las multas ni los costes de la inmovilización.

Así se evidencia en el lote de la Carrera 66 con Calle 13, donde ya se acumulan 9919 carros y motos por los que nadie responde, mientras el municipio debe asumir los arrendamientos, la vigilancia y la administración.

Son situaciones que podrían resolver con rapidez si se trabaja en conjunto con el Concejo, se cambian las reglamentaciones y se ejerce el cobro a los deudores como lo ordena la ley.

Hay que tomar decisiones, porque Cali no puede seguir con esa multimillonaria cartera de las multas de tránsito y por la inmovilización de vehículos en los patios, mientras sus deudores se burlan de la autoridad y se niegan a pagar las sanciones.

Los $800.000 millones por cobrar servirían para realizar las inversiones que requiere la ciudad, sin necesidad de endeudar a Cali como se está haciendo.