Escándalo frecuente

Las denuncias por irregularidades en el suministro de alimentos en las cárceles colombianos no son nuevas.

Cada cierto tiempo se conoce sobre los alimentos en descomposición que les dan a los reclusos, las raciones reducidas o que no cumplen con los esquemas nutricionales y las condiciones de salubridad deplorables de los sitios donde se preparan.

A esas acusaciones se suma otra de igual gravedad y constancia: el favorecimiento en la adjudicación de los contratos millonarios para proveer a los centros de reclusión.

Son hechos que además de ser rechazados se tienen que erradicar, encontrar a quienes permiten que ello suceda y saber por qué no se realizan los controles que garanticen la calidad del servicio de alimentación dentro de las penitenciarías.

Situaciones como esas son las que han llevado a que al interior de las cárceles del país se monten negocios que se lucran de las necesidades de los internos, a los que solo pueden acceder quienes tienen el poder adquisitivo o que se convierten en una forma para extorsionar.

Conociendo lo que sucede desde hace tanto tiempo, las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Justicia deben actuar.

Que alguien haya sido condenado por cometer un delito no quiere decir que tenga que padecer situaciones como esas, que van en contra de la dignidad de cualquier ser humano.
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