El rechazo a los ‘ospibloques’

La falta de planeación y de socialización de algunas obras en Cali terminan convirtiéndolas en motivo de malestar ciudadano.

Sucedió en la pasada administración municipal y se repite ahora con los separadores viales instalados para garantizar la seguridad de ciclistas y peatones, pero que reducen la movilidad en las vías y generan congestión vehicular.

La decisión del gobierno de Jorge Iván Ospina de cambiar por unos de concreto los taches de plástico, instalados en la administración de Maurice Armitage, que estaban en mal estado, generó inconformidad.

En primer lugar, porque en ese trabajo se han gastado $1845 millones, una cifra alta que pocos justifican cuando en la ciudad hay problemas por resolver que son prioritarios y deben ser atendidos.

Y porque esas estructuras están ocasionando accidentes de tránsito debido a que no están bien señalizadas o interrumpen de manera abrupta las vías.

Puede que los que ahora se llaman popularmente los ‘ospibloques’, y que remplazaron los ‘armitaches’, sean un riesgo o causen incomodidades, pero no por ello se puede recurrir a las vías de hecho para protestar.

Se quiera o no, esos son bienes públicos que se deben respetar y no se pueden destruir, como sucedió esta semana en el barrio el Poblado II.

Si bien el Alcalde y la Secretaría de Movilidad deben rendir cuentas a los caleños y escuchar sus reclamos, también es un deber de los ciudadanos respetar las normas que los rigen.