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¿Al fin qué?

Cómo se resolverán los fallos de tutelas a favor de vecinos de las cárceles que alegaban la vulneración de su derecho a la comunicación, y que obligaron a suspender el bloqueo de celulares en tres de esas cárceles.

13 de septiembre de 2019 Por: Editorial .

Hace tiempo se sabe que la mayoría de las llamadas extorsivas o amenazantes se hacen desde las cárceles del país.

Y también es de conocimiento público que no se han emprendido las acciones necesarias para evitar que ello continúe sucediendo.

Ahora es el director del Inpec el que reclama porque a la institución la han dejado sola haciéndole frente a ese delito.

Entonces hay que preguntar por qué si desde el año 2016 se dio la orden de bloquear las señales de celular en las 136 cárceles que hay en Colombia, solo en once se han instalado los sistemas necesarios para cumplir ese cometido.

O cómo se resolverán los fallos de tutelas a favor de vecinos de las cárceles que alegaban la vulneración de su derecho a la comunicación, y que obligaron a suspender el bloqueo de celulares en tres de esas cárceles.

Tampoco se entienden las multas por $600 millones impuestas al Inpec por la Agencia Nacional del Espectro, ANE, por los efectos que tienen en inmediaciones de las cárceles los inhibidores que bloquean la señal celular.

Razón tiene el Director del Inpec en pedir ayuda y en exigir que el Estado lo apoye para evitar que sigan saliendo desde los sitios de reclusión 250 llamadas extorsivas al día, y para que se frene un negocio criminal que según las autoridades les reporta ganancias a los delincuentes por $2000 millones al año.

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