¿Habrá reforma pensional?

Cerca de 19 millones de colombianos están cotizando una pensión, con la ilusión de poder jubilarse algún día. Esa es la cantidad de trabajadores que están en vilo en el país, mientras la Cámara de Representantes y la Corte Constitucional llevan varios meses en un lleva y trae, ‘envenenado’ por el Gobierno Nacional.

El rifirrafe comenzó el pasado 18 de junio, cuando el alto tribunal devolvió la reforma pensional a la Cámara, ordenando que se volviera a votar la proposición mediante la cual se acogió el proyecto de ley que sobre el mismo tema había aprobado antes el Senado.

Pero dicho fallo fue claro en que no se estaba obligando a cambiar el contenido de la norma, sino a repetir el trámite con garantías, sobre todo porque cursa una demanda sobre el tema.

Tal vez por eso, entonces la Casa de Nariño, que tiene claras mayorías entre los representantes, asumió la noticia como favorable y los instó a proceder según lo dispuesto por la Corte, lo que habría ocurrió el 28 del junio.

Y justo la duda en la anterior afirmación se debe a que, para el alto tribunal, desde entonces esa instancia del Congreso sigue sin enviar dos actas claves, correspondientes a las sesiones en las cuales se volvió a aprobar la pensional.

Así lo hizo saber este martes el presidente de la Corte, al solicitarle a la Cámara una certificación formal de que esas actas sí fueron debidamente aprobadas, pese a que solo cuatro días antes la cabeza de esa corporación había asegurado que ese proceso había sido surtido y que el balón estaba de nuevo en el alto tribunal.

¿Por qué ha sido tan confuso el trámite que ha tenido la reforma pensional desde que fue aprobada por la Cámara el 14 de junio del presente año? ¿A esa instancia del Congreso le quedó grande cumplir con una sentencia que es clara en su parte resolutiva? ¿Será qué el procedimiento adelantado allí tuvo un faltante insalvable, que obligaría a que la iniciativa gubernamental vuelva a ser votada desde cero?

Preguntas como estas son las que se están haciendo esos 19 millones de colombianos, además de las empresas que han introducido costosas modificaciones en sus procedimientos, a fin de acogerse a la ley que estaba programada para empezar a implementarse en su totalidad el 1 de julio del presente año.

Pero resulta que, en lugar de tratar de aclararle el panorama legal a la pensional, desde agosto la Casa de Nariño optó por atizar el fuego existente con la Corte Constitucional, asegurando incluso que impedir la aplicación de la norma “es un simple golpe de Estado”.

Y ahora, cuando el Presidente del alto tribunal volvió a dar un plazo de dos días -que se cumplirían hoy-, porque “mientras no se aporte la información completa, no se podrá garantizar el debate adecuado”, el nivel de discusión ha vuelto a elevarse.

Mientras, muchos trabajadores no saben si podrán jubilarse o no, los fondos privados y Colpensiones siguen haciendo cuantiosas inversiones para retener a sus afiliados y las empresas no saben si aplicar la nueva ley, que entre otras el Gobierno ya está implementando por la puerta de atrás, o esperar el fallo definitivo de un tribunal que no debería dejar dudas sobre la radicalidad de sus sentencias.