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Terrorismo en Cali

Los trece policías que resultaron víctimas del infame atentado deben recibir el respaldo de una comunidad que no acepta el regreso del terrorismo y la falta de autoridad para combatir a sus autores.

9 de enero de 2022

En el sector de Puerto Rellena, símbolo de los bloqueos y desórdenes que se tomaron a Cali durante varias semanas, un atentado terrorista dejó heridos a trece integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad. Además de exigir la captura de quienes realizaron el criminal acto, el rechazo debe ser la respuesta de una sociedad que no puede seguir expuesta a la división y el crimen con el cual pretenden amedrentarla.

En el 2021, 1217 personas fueron asesinadas en la capital vallecaucana, la cual fue objetivo claro de quienes pretendieron sembrar el caos en Colombia a partir del paro nacional del pasado 28 de abril. Fue aquí donde se concentraron los atentados vandálicos contra bienes y servicios públicos así como los bloqueos que produjeron racionamientos de combustibles, alimentos, además de dificultar la prestación de servicios de salud.

Ahora, el 2022 fue inaugurado con la explosión calculada con frialdad contra un camión en el cual se transportaban los servidores públicos encargados de proteger la tranquilidad de los ciudadanos. No es coincidencia que la criminal acción se haya perpetrado en el que denominaron ‘puerto resistencia’ y contra integrantes del Esmad que algunos aspiran a desaparecer.

Es un aviso de lo que se pretende hacer en Cali durante un año en el cual tendrán lugar las elecciones de presidente de la República y Congreso, y una advertencia sobre el alcance de las intenciones criminales de sus autores. No es difícil deducir que su pretensión es sembrar de nuevo la incertidumbre en una sociedad que aún no se recupera de las secuelas que le dejaron quienes durante más de un mes sembraron el odio y la violencia, cuyas cicatrices aún pueden verse en las estaciones del MÍO.

Defender esa sociedad es obligación en primer lugar del Gobierno Local, disponiendo de los recursos que sean necesarios para ofrecerle seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos. Ante el anuncio que significa el atentado del pasado viernes, debe quedar claro el compromiso de la administración municipal de disponer lo que se requiera para cumplir con ese deber constitucional, algo muchísimo más importante que ofrecer una pequeña recompensa a quienes denuncien a los autores de ese crimen cobarde.

También es necesario que el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, la Justicia y los organismos de seguridad actúen con rapidez y decisión contra el terrorismo que desde hace un año eligió a Cali como uno de sus blancos. Lo que está ocurriendo no admite dudas ni vacilaciones pues se trata de defender la vida y la tranquilidad de los más de dos millones y medio de habitantes de la capital vallecaucana.

Y está el deber de todos los caleños de unirse y actuar de manera solidaria contra quienes pretenden sembrar de nuevo el caos y el miedo en su ciudad, la manera de defenderse de los intentos por dividirla y por someterla con la violencia. Los trece policías que resultaron víctimas del infame atentado deben recibir el respaldo de una comunidad que no acepta el regreso del terrorismo y la falta de autoridad para combatir a sus autores.

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