Soluciones integrales

Las ventas ambulantes y su ocupación del espacio público son problemas mayores para Cali, a los que una tras otra administración municipal les ha buscado soluciones, sin que ninguna haya encontrado la fórmula del éxito. La realidad social que implica esa informalidad no se puede desconocer, pero de nuevo hay que insistir que a la ciudad se le debe devolver el orden.

Según las cuentas oficiales, hoy hay 15.000 vendedores ambulantes trabajando en las calles de Cali, de los cuales unos seis mil están ubicados en el Centro. Los datos extraoficiales, sin embargo, calculan que el número llega a 30.000, si se tienen en cuenta las situaciones particulares que afectan a la capital del Valle, como la migración que le llega de forma permanente o los coletazos que aún se sienten de los dos meses de protestas violentas de 2021 y de la pandemia de 2020 que tanto golpeó a la economía local.

Aun cuando las cifras no sean exactas, lo que sí está claro es la incapacidad estatal para hacerle frente a una situación que se desborda con el paso de los años. Basta una mirada al centro caleño para entender la dimensión del problema: andenes atiborrados de puestos de comercio informal que impiden el paso de los peatones, ventas estacionarias compitiendo con los carros en las vías públicas, la inseguridad incontrolable y la movilidad convertida en un caos.

El panorama se repite por toda la ciudad, como en los alrededores de las estaciones del MÍO, en parques y zonas verdes, en calles y avenidas e incluso en la zona rural. Frente a ello, ya no bastan los censos o las llamadas caracterizaciones socioeconómicas, como la que adelantó durante dos años la Alcaldía anterior, que si bien permiten conocer la situación de los vendedores ambulantes y estacionarios, no llegan más allá ni se utilizan para plantear soluciones definitivas.

Si se pretende que Cali sea una capital organizada, en la que el orden y la autoridad prevalezcan, y a la vez se generen oportunidades para todos, es necesario que el Gobierno local asuma la responsabilidad de darle una solución integral al comercio informal.

Será, sin duda, un proceso complejo si se tiene en cuenta que en Cali el índice de desempleo es, según el Dane, superior al 40%, y el negocio de las ventas ambulantes mueve al año cerca de $26.000 millones. Por eso se requerirán más de los cuatro años que dura una administración municipal y unas políticas públicas consensuadas, que marquen la ruta, definan los recursos financieros y garanticen el cumplimiento de sus objetivos.

Carnetizar y saber cuántos son los vendedores ambulantes es el primer paso. A partir de ahí hay que establecer reglas claras que permitan reorganizarlos en lugares adecuados, brindarles alternativas laborales o facilitar el acceso a créditos.

Sin desconocer, entonces, que se trata de un asunto con profundas implicaciones sociales y económicas para Cali, controlar y regular el comercio informal, rescatar el espacio público y devolverle el orden a la ciudad es una obligación del Gobierno Municipal. Los caleños así lo demandan.