Vivienda: mucho más que reconstruir

Antes del terremoto ya teníamos un problema de vivienda. En una columna que publiqué hace algunos meses señalaba que hablar de déficit habitacional exige distinguir entre quienes necesitan una vivienda nueva y quienes tienen una, pero requieren mejorarla. En el Valle, el déficit cualitativo triplicaba al cuantitativo. El terremoto agravó ambos problemas, pero también nos ofrece una oportunidad extraordinaria para enfrentarlos.

El Gobierno anunció que materializará 1200 subsidios de vivienda nueva que ya estaban asignados en el Valle, por $50.000 millones, y planteó una meta mucho más ambiciosa: 20.000 viviendas nuevas durante los próximos dos o tres años. A ello se suman mejoramientos, vivienda rural e inversiones en agua y saneamiento. Y todo esto frente a más de 11.000 viviendas destruidas y 44.000 averiadas en el departamento.

Son buenas noticias, pero deberíamos hacernos una pregunta de fondo: ¿vamos solamente a reemplazar las viviendas que destruyó el terremoto o vamos a aprovechar esta oportunidad para reducir el déficit habitacional que ya teníamos?

Esto exige pensar la vivienda en varias capas. Algunas familias perdieron completamente su casa y necesitan una nueva; otras pueden reparar o reforzar la que tienen; miles de hogares que no fueron damnificados ya vivían en viviendas con deficiencias susceptibles de mejoramiento; otros necesitan acceder por primera vez a una vivienda. Y las soluciones de Cali no necesariamente sirven para El Cairo, El Águila, Roldanillo o las zonas rurales.

Por eso propongo construir un Plan Maestro de Vivienda para la Reconstrucción del Valle, que articule los recursos públicos y privados y reconozca las particularidades de cada territorio.

La experiencia de Chile, un país que ha debido reconstruir numerosas veces, deja lecciones valiosas. Una de ellas es no casarse con una única solución. Sus programas contemplan construcción en sitio propio, adquisición, densificación, distintos sistemas constructivos e incluso autoconstrucción asistida.

Esta última puede ser particularmente útil en nuestros municipios. Históricamente, muchas familias han construido sus propias viviendas. Prohibir esa práctica sería desconocer el territorio; permitir que reconstruyan sin acompañamiento podría reproducir las vulnerabilidades que el terremoto acaba de mostrarnos. La alternativa es acompañarlas con arquitectos, ingenieros y asistencia técnica que garanticen el cumplimiento de las normas sismorresistentes. La Gobernación ya lo empezó en Buenaventura; hay que escalarlo.

También necesitamos agilizar permisos y trámites para que puedan convivir sistemas tradicionales, prefabricados e industrializados. Agilizar no significa reducir los estándares de seguridad. Significa evitar que la burocracia termine retrasando durante años una reconstrucción que las familias necesitan hoy.

Pero vivienda no es solo cuatro paredes y un techo.

Importa dónde está localizada, si tiene agua y alcantarillado, transporte, vías, colegios, centros de salud, parques, espacio público y oportunidades de empleo cercanas. Resulta positivo, por ejemplo, que junto con los anuncios de vivienda se hayan aprobado diez proyectos de agua y saneamiento por $97.000 millones en municipios del Valle. La reconstrucción debería integrar ambas cosas desde el comienzo.

Cali tiene, además, una oportunidad excepcional. El Tribunal Administrativo del Valle acaba de conceder seis meses adicionales, hasta el 9 de julio de 2027, para ajustar el nuevo POT y permitir incorporar los estudios y aprendizajes que dejó el terremoto. Ese tiempo debe aprovecharse.

Sería absurdo reconstruir la Cali que teníamos el 9 de agosto, cuando el terremoto del 10 de agosto nos mostró sus vulnerabilidades. El POT debería revisar dónde construir, dónde densificar, qué zonas necesitan renovación, cómo reducir riesgos y cómo acercar vivienda, servicios, equipamientos, espacio público y movilidad.

Y hay otra dimensión que no podemos desperdiciar: la económica. La construcción de vivienda moviliza una extensa cadena de proveedores: cemento, acero, transporte, comercio y servicios profesionales, además de miles de trabajadores. Una política ambiciosa de vivienda puede convertirse también en un poderoso instrumento de empleo, inversión y reactivación económica para el Valle.

Tenemos, entonces, la posibilidad de hacer mucho más que reconstruir lo perdido: reducir simultáneamente los déficits cuantitativo y cualitativo, modernizar nuestros sistemas constructivos, mejorar nuestros barrios, dinamizar la economía y hacer nuestras ciudades y municipios más resilientes.

La mejor reconstrucción no será aquella que logre devolvernos al 9 de agosto, sino aquella que nos permita construir el Valle que todavía no habíamos logrado construir, el Valle que merecemos.

@edwinhmaldonado