Un acuerdo social de las universidades

¿Se imaginan a los presidentes de las empresas exploradoras de petróleo sentados con MinMinas firmando un acuerdo voluntario para el pago del impuesto que días antes había tumbado la Corte Constitucional? Pues bien, esto pasó con las universidades y el Icetex. La Corte Constitucional con una sentencia de inconstitucionalidad del artículo 95 de la reforma tributaria tumbó la contribución que se quiso imponer a las universidades. Pero pocos días después, todos en fila, uno a uno, acordaron con el Icetex pagar buena parte de lo que costaba esa contribución que buscaba financiar el diferencial entre la tasa de inflación y la tasa de interés que les cobran a los estudiantes que piden crédito en el Icetex. ¿Cuáles fueron las razones?

Primero saben de la importancia que tiene el crédito educativo que el Estado brinda a través del Icetex. Y las cuentas del Icetex sin la contribución se descuadraban, por lo tanto, la única solución era aumentar los intereses para los estudiantes. Y vieron, los rectores, la necesidad de apoyar a la institución mientras se logra la restructuración de largo plazo de un nuevo Icetex, más como una institución de fomento y no como un cuasi banco. La Corte Constitucional le puso como tarea al legislativo de una fórmula para el subsidio del crédito educativo. Tarea que pasa por ver cómo al sector financiero, que no ha logrado crear buenos productos en esta línea, pueda propiciársele condiciones para que asuman una actitud proactiva con la formación de capital humano del país.

Lo segundo, analizaron las expectativas de inflación, para este año y el próximo, porque todavía no se logra los niveles del 4 % que habíamos logrado. Por ello, con el acuerdo, por dos años, 2023 y 2024, se espera apoyar a los estudiantes en estos momentos de alta inflación y por ende de altas tasas de interés. Esta solución es generosa por parte de las universidades, pero no es la más conveniente, porque resta recursos para la calidad, que es el otro gran reto que tiene la educación superior en nuestro país. Es una solución de corto plazo, pero atenta contra la consolidación de un sector que es crítico para elevar la productividad del país.

Tercero, cada vez es más complicado para las universidades privadas llegar a los números de estudiantes de pregrado. El cambio demográfico, especialmente en los estratos sociales que llegaban tradicionalmente a ellas, ha reducido el número de estudiantes potenciales. Y así, esperan que, con la ayuda en los intereses, la demanda por crédito no se disminuya y los estudiantes sigan llegando a sus aulas.

Cuarto, hubo una reacción estilo dominó. Nadie se quiso quedar por fuera del acto de generosidad, eso sí inducida con delicadeza por el Icetex una vez vieron los efectos del fallo de la Corte Constitucional. Todas fueron ajustando sus presupuestos y recortando inversiones.

La solución del acuerdo voluntario es transitoria por dos años. En ese tiempo el país debe idear una forma de fondeo más barato para el Icetex como única forma de ofrecer a los estudiantes mientras la política de gratuidad total se logra al 100 %, como lo plantea la propuesta de ley estatutaria de la educación. O lograr que el sector financiero ofrezca una línea social para la educación.