Injusticias

La Justicia colombiana viola frecuentemente lo que los sociólogos conocen como el principio de justicia distributiva. En el caso de la ‘Yidispolítica’ condenó a la cárcel y a la ignominia a los dos congresistas que vendieron su voto e hicieron posible que Uribe fuera reelegido. Pero los que utilizaron recursos públicos y abusaron de su poder como funcionarios para comprar esos votos duermen tranquilos en sus casas. En este caso, por lo menos, se castigó a los que cobraron por pecar. Pero ahora tenemos otro caso en el que se le aplica la Ley con todo rigor a unos jóvenes que trabajaban en el Ministerio de Agricultura y tuvieron a su cargo el diseño de la operación del programa de Agro Ingreso Seguro, a quienes un juez de ‘garantías’ ha enviado a la cárcel supuestamente por no haber previsto que ese programa tendría las consecuencias que tuvo, o por fallas de procedimiento en la contratación de su ejecución con una agencia de la OEA, procedimiento amparado en un concepto legal de un ex Procurador General de la Nación. Si la política anticorrupción vigente no consiste en darles castigos ejemplares a los culpables sino a unos pocos técnicos y abogados para que los responsables puedan continuar su carrera política sin inconvenientes, este es un logro del que puede ufanarse el Gobierno en sus reuniones con el Partido Conservador. Pero la Justicia está aplicando la Ley con toda severidad a quienes no se les debería aplicar tanto rigor. Los cuatro jóvenes que han sido encarcelados por su intervención en las etapas de diseño del programa Agro Ingreso Seguro y la contratación del Iica como agencia asesora del programa no tienen récord criminal, ni son un peligro para la sociedad, ni se van a volar a Panamá. Son unos jóvenes que creyeron estar contribuyendo a un gobierno que admiraban y en el que habían depositado su confianza. Pueden haber cometido errores, o pueden haber violado normas, y ésto puede tener consecuencias penales, pero ninguno de ellos se quedó con el dinero del programa ni se benefició personalmente o políticamente de la asignación de los créditos, ni intervino aparentemente en su asignación. La decisión de encarcelarlos y someterlos al oprobio es excesiva, más si se tiene en cuenta que quienes concibieron el programa, lo ejecutaron y lo utilizaron mal, en algunos casos con aparente intención de obtener beneficios políticos, no han sido acusados y andan por ahí discretamente libres, con el Twitter guardado. Ésto no solamente habla muy mal del sistema colombiano de justicia, que es severo con los de abajo y complaciente con los de arriba, sino que da una señal equivocada a los jóvenes que están iniciando sus carreras técnicas o profesionales. Lo que esta decisión judicial les dice a ellos es “no vayan a cometer el error de trabajar para el Gobierno”, a menos que tengan malas intenciones o no puedan conseguir algo mejor. En el DNP están aterrados los funcionarios de que los pueden encarcelar por no haber previsto alguna consecuencia de las políticas que llevan a discutir en el Conpes, o por recomendar algo que un abogado competente ha dicho que se puede hacer. Los viceministerios han pasado a ser considerados cargos de alto riesgo, riesgo que se incrementa sustantivamente cuando el ministro es Ph. D. en economía con ambiciones presidenciales. Involucrar a los jóvenes técnicos o profesionales en actividades que tengan riesgos jurídicos para evadir responsabilidad debería ser un delito, porque les arruina la vida a personas promisorias para escudarse detrás de ellas y condena al Gobierno a trabajar con los peores.