¡Azúcar!

Con mucho de retórica y exposición mediática antes que argumentos se ha discutido por estos días acerca del eventual desmonte del Sistema Andino de Franjas de Precios y del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, más conocido como el Fepa. Pareciera que estos fueran instrumentos que se hubieran establecido de forma caprichosa y que su defensa o permanencia dependiera sólo de situaciones coyunturales de precios y que la discusión fuera sobre si se borra “de un plumazo” lo que se ha construido en años, o si se dejan sin modificación alguna.Lo primero es que estos instrumentos no han sido el resultado de caprichos ni de presiones indebidas. Lo que hay es el resultado de un proceso prolongado, en primer lugar, de construcción de la política comercial del país en materia agrícola y, en segundo, de la adaptación de las condiciones particulares del azúcar a las prácticas aceptadas de comercio en agricultura y de conceptos, como el de la parafiscalidad, desarrollados por el país a lo largo de los años. Ha sido gracias al diseño e implementación de estas herramientas que este sector ha podido hacer realidad el potencial que le ofrecen unas condiciones agroclimáticas apropiadas y el trabajo acumulado por muchos años del empresariado.Desde que se inició la apertura en el gobierno Gaviria, Colombia ha tratado de ampliar sus mercados dando acceso a quien se lo otorga y protegiéndose de quien no lo hace. Con lo promisorio que resultaba el mercado andino, se buscó construir un mercado ampliado que reconociera las grandes distorsiones del mercado azucarero, así como su alta volatilidad. Era necesario entonces desarrollar un instrumento que atendiera ambos objetivos: proteger y tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a la gran volatilidad de un mercado que, además, dependía de la tasa de cambio. Inspirados por el modelo chileno y después de un largo y complejo proceso de negociaciones (con los gobiernos y los privados en cada país y luego la negociación entre países) se estructuró el sistema de franjas que hay que verlo como lo que es: un logro del país para darle estabilidad a algunos sectores considerados relevantes pero expuestos a condiciones inequitativas de competencia. La formación del precio del productor colombiano debe incorporar el mecanismo arancelario, lo cual no debe ser cuestionable dado que ese es el objetivo de tal política. Con el tiempo, además, el arancel efectivamente pagado se ha venido reduciendo por los acuerdos comerciales.Para que lo anterior fuera factible en un sector con un superávit permanente y muy importante y se pudiera aprovechar al máximo lo logrado por el país en materia de negociaciones comerciales era necesario contar con un mecanismo que permitiera optimizar el potencial de los diferentes mercados y, además, que todos los integrantes de la agroindustria se beneficiarán equitativamente. Fue así como se diseñó y puso en ejecución el Fepa aprovechando los desarrollos que por muchos años ha llevado a cabo el país en materia de parafiscalidad.Mejorar lo que hay sin duda es factible. Destruirlo sería un gran error para el país y se estaría afectando gravemente no solo al sector sino a toda la región.