Regiones y futuro democrático

La elección por voto popular de los alcaldes municipales y los gobernadores departamentales, por un período de cuatro años (no coincidente con el período del Presidente de la República), establecido en la Constitución Nacional hace 32 años, ha profundizado la concepción democrática en cada uno de los municipios y departamentos de Colombia. Lo anterior significa, por voluntad del constituyente primario, que es el pueblo, que cuando elijamos, en mayo o junio de 2026, al nuevo Presidente y Vicepresidente de la República, para bien de la democracia y de las autonomías regionales, los alcaldes y gobernadores continuarán en sus respectivos cargos.

Colombia necesita dar un paso hacia adelante en su modernización administrativa y de una mayor profundización en su democracia, en el sentido de que debe responder a las expectativas, no aprovechadas, que supone el desarrollo de su extraordinaria diversidad y las riquezas socioculturales y económicas de sus regiones. Dentro de esa readaptación y modernización interna está la del aprovechamiento de los recursos de todo tipo, económicos, sociales, culturales, ambientales y humanos, de cada región del país.

En la búsqueda de una Colombia de autonomías regionales, no es prudente la concepción del Presidente de la República de clasificar a los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente en coincidentes o diferentes y menos el de estar dictando decretos que, por nobles que sean sus intenciones, como por ejemplo el mantenimiento integral de las vías terciarias, se pretenda desconocer las responsabilidades que sobre las mismas tienen los alcaldes y gobernadores. Bajo la figura de ‘todos ponen’, se pueden encontrar caminos que permitan sumar recursos económicos nacionales, municipales, departamentales e incluso de algunos sectores empresariales. Ese camino es el que permite multiplicar esfuerzos económicos y humanos en favor de la gente.

Las desaprovechadas y ricas diferencias de naturaleza sociocultural (al margen de las de carácter socioeconómico) no pueden ignorarse por parte del Estado Central y deben ser aprovechadas por el bien de nuestro país. Pero ese aprovechamiento solo puede ser llevado a cabo con éxito desde un modelo que contemple la Autonomía de las Regiones, en que cada una de ellas sea capaz de distinguir, fijar, e implementar políticas sociales, económicas, etc., que puedan llevarlas al crecimiento de cada región en todos los órdenes y ser de este modo un aporte formidable para ellas y para Colombia.

Avanzar en ese propósito requiere saber unirnos en la diferencia y pensar siempre que Colombia, en los próximos años, necesita de regiones fortalecidas a nivel económico, social, cultural y ambiental, para que las mismas sean fundamentales para salirnos del remolino de la violencia, de la pobreza y de la intolerancia política; para alcanzar una Colombia más democrática, donde predomine un clima político en favor de la paz, la reconciliación y la convivencia pacífica.

Para ese avance necesitamos que, desde las regiones, empezando por sus alcaldes, gobernadores, parlamentarios y los diversos sectores políticos y sociales, se promuevan múltiples iniciativas institucionales que permitan contribuir al logro de una Colombia de autonomías regionales.