La salud quebrada del ‘totoya’

La liquidación reciente de Coomeva EPS nos recordó la fragilidad del sistema de salud colombiano, que ha sido muy exitoso en ampliar la cobertura de los servicios, pero cuya sostenibilidad financiera sigue en entredicho.

De los avances del sistema colombiano da fe el informe que al respecto publicó la Ocde al momento de admitir al país como miembro hace unos años. “El record de Colombia en extender los servicios a la población es impresionante”, dice la primera frase. Aunque el país tiene una alta desigualdad del ingreso, el acceso a los servicios de salud es mucho más equitativo, continúa diciendo. Señala retos en calidad y celebra la cobertura. Pero éste último sigue siendo un éxito frágil.

Ocurre que no hay sistema de salud en el mundo que cubra la totalidad de los medicamentos y tecnologías médicas existentes. Normalmente los gobiernos, con los presupuestos en la mano, escogen cuáles tratamientos y medicamentos serán cubiertos por el sistema. Y no todo cabe, por supuesto. Pero en Colombia el gobierno tiene muy poca capacidad de escoger qué tratamientos se cubren, pues la intervención de los jueces impuso de facto la política del ‘totoya’ (todo para todos ya).
Así, las entidades del sector han tenido que incluir en la cobertura servicios adicionales que van más allá de las posibilidades reales.
Algunos de estos son necesarios, otros no tanto. Pero todos están desfinanciados. No es de extrañar, entonces, que tarden tanto en pagarse.

El enredo también ha sido legal. Los jueces les han dicho a las EPS que cubran primero los tratamientos adicionales al plan básico y luego se los recobren al gobierno. Pero éste último no puede pagar un hecho cumplido así no más sin revisar la cuenta, y sin observar ciertos principios razonables que rigen la ejecución de gasto público. Y revisar tantas cuentas, además de costoso, se volvió logísticamente imposible.

El resultado al final es una montaña de litigios y una cadena de deudas. Las EPS registran billonarias cuentas por cobrar al gobierno, y los hospitales tienen una cartera igualmente abultada con las EPS. De lado y lado hay muchos que no aguantan las demoras en los pagos. Es un entorno difícil que no perdona debilidad alguna en la gestión.

El gobierno y congreso actuales aprobaron dos soluciones para el sector. Una es la ley de punto final, que creó mecanismos legales excepcionales para resolver las deudas viejas sin pleitiar. La implementación ha sido lenta y la acogida por parte de las EPS todavía insuficiente. La otra fue cambiar la forma como se pagan los servicios adicionales al plan básico de salud, de forma que ya no sea necesario el cobro retroactivo que fue tan problemático en el pasado. Esta medida es esperanzadora. Es sincerar los presupuestos del sistema ante la realidad de las tutelas, simplificar, y evitar de raíz futuros litigios.

Pero las deudas viejas siguen ahí. Y el ‘totoya’ también. En el sector salud las necesidades sólo van a aumentar en el futuro por el envejecimiento de la población y la llegada de nuevas tecnologías médicas más costosas.
De manera que la prevención, la buena escogencia de tecnologías médicas a financiar y la eficiencia no serán la mejor alternativa para preservar el sistema, sino la única.
​