Estado manirroto

El gobierno de Uribe -ya en el ocaso- ha preparado proyectos de ley que serán llevados al Congreso el 20 de julio y que tienden, en esencia, a terminar con el clásico despilfarro del Gobierno que le cuesta millonadas al contribuyente. Que, al final de cuentas, es quien termina pagando ese viejo vicio de la administración pública. Se trata de establecer, en la Constitución, un mecanismo permanente para asegurar la estabilidad macroeconómica y que el equilibrio entre los ingresos del Estado y el gasto público se mantenga estable. La idea es acabar con el Estado manirroto y despilfarrador; deplorable característica del colombiano desde su aparición.Nada más necesario en una Nación donde el tesoro se maneja conforme a los intereses politiqueros, se ordenan construcciones que no se justifican, carreteras inútiles, y otra suerte de obras que son fruto de la improvisación y la imposición de camarillas que se lucran de ellas. Mantener la estabilidad macroeconómica es esencial para el desarrollo y debe estar consagrada en la Constitución. Eso no es demagogia. El orden económico afecta -para bien o para mal- la vida de los ciudadanos. El costo de la vida, los perniciosos efectos de la inflación, el poder adquisitivo, los impuestos, la seguridad social, y otros problemas de la diaria subsistencia. Sin un orden estricto y serio en los gastos del Estado, esa pata coja lo irá minando y -a la larga- terminará por arruinarlo.En Colombia se gasta sin mayores controles. Existe una fronda burocrática que, después de Argentina, es la más grande en América Latina. En las últimas décadas, el Gobierno se ha visto en la obligación de hacer gastos muy elevados en la modernización de las Fuerzas Armadas, para protegernos de las intenciones de un vecino belicoso como Chávez. O resguardarlo de la agresividad de Daniel Ortega, dispuesto a devorarse a San Andrés. O defenderse del combo chavista que el Presidente venezolano alimenta con petróleo. Y préstamos, que Caracas mantiene en el misterio.El cáncer del gasto desaforado se extenderá si continúa la tensión con Chávez y sus amigos. De allí la urgencia de concretar la propuesta de un diálogo con el nuevo presidente Santos que hizo nuestro impredecible vecino. Entre más rápido se haga, será mucho mejor para Colombia, Venezuela, y Latinoamérica. El proyecto de ley sobre el gasto público es benéfico para los colombianos y ojalá el Congreso lo apruebe sin dilaciones.