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Civismo perdido

No es vocación de esta columna ocuparse de temas locales y menos...

21 de junio de 2010 Por: Rafael Rodríguez Jaraba

No es vocación de esta columna ocuparse de temas locales y menos ser pregonera del pesimismo, pero la anarquía de la ciudad, su postración urbana y la flagrante ilegalidad de las mal llamadas megaobras, bien lo amerita.La otrora, radiante y luminosa capital del civismo, forjada con el empeño visionario de hombres como Rodrigo Escobar Navia, es hoy una enmalezada urbe, llena de forámenes en sus calles, sitiada por el desorden, la anarquía y los despropósitos de una administración que la embaucó en el pago de unas obras faraónicas, mientras que su infraestructura básica se degrada a más no poder y sus empresas de servicios públicos siguen intervenidas.Cali se convirtió en un destapado cruce de caminos, en el que sus moradores vencidos por la contundencia de su deterioro urbano, cambiaron la ilusión y el orgullo por la indiferencia y la resignación. La ciudad parece albergue de forasteros indolentes al destino de lo ajeno y no residencia de ciudadanos con ánimo de pertenencia, arraigo y señorío.Para hacer más patética la situación, la Administración iniciará las megaobras, con la más polémica, inútil y suntuaria: el hundimiento de la Avenida Colombia, lo que generará más caos, pero mayores réditos políticos para una administración afecta a la superficialidad.Lo que pudo haber sido un Plan Maestro de Infraestructura y Renovación Urbana, de ejecución modular, financiado a largo plazo por la Nación, por organismos multilaterales y por contribuciones recaudadas con posterioridad a su ejecución, resultó siendo una espuria avalancha impositiva.Es claro, que las obras proyectadas no son la redención de la ciudad; que el Acuerdo Municipal que las aprobó es abiertamente contrario a la Constitución; y que para muchos, la Administración no es depositaria de confianza para manejar tan cuantiosos recursos.En cuanto al oscuro contenido de las resoluciones que impusieron la contribución de valorización, es evidente que en ellas no se reveló el sistema utilizado para calcularlas ni la forma de hacer su reparto; tampoco se sustentaron las razones de las que se valió la Administración para asumir que los predios gravados obtendrán un beneficio cierto.A pesar de tanta ilegalidad, no hubo alternativa distinta que someterse a su pago, pues el trámite de los recursos de reposición resultó siendo una parodia.Son innumerables los predios embargados por la misma Administración que fueron gravados con contribuciones que superan su valor comercial, lo que hace insostenible el esquema financiero prospectado y terminará colapsando la financiación de las obras y pauperizando aún más las raquíticas finanzas municipales. Proyectar ingresos de dudoso recaudo, y sobre ellos estructurar presupuestos, es un desvarío.Las obras antes que unir la ciudad la han dividido; algunos califican de buenos ciudadanos a quienes dócilmente las apoyan, y de indolentes a quienes exigen racionalidad y legalidad.En medio del caos, lo único rescatable del Cali de hoy, es la consolidación del Sistema de Transporte Masivo, obra del Gobierno central forjada a pesar de tantos despropósitos locales.La mirada indulgente del lugareño no advierte lo que percibe la del forastero. En Cali nos estamos acostumbrando al caos, la anarquía y la ilegalidad, y ya no extrañamos el civismo de tiempos idos.